Jueves, 26 Septiembre 2019 15:58

Las golpeó por celos y amenazó con matarlas con una motosierra

Escrito por ERBOL
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La historia de Casimira (nombre cambiado), una mujer de 32 años, impactó a quienes intentaron ayudarla.  Ella tiene cinco hijos. Una adolescente de 14 años, fruto de un primer matrimonio, y los otros cuatro, niños de entre 12 y 3 años, de su unión con Rigoberto B.H., de 41 años.

La familia vive en una comunidad de Yapacaní, Santa Cruz.  El 5 de septiembre, la pareja salió a su chaco a cosechar yuca. Rigoberto y Casimira llegaron muy cansados a su hogar. Ella se durmió junto a hijos y él salió a beber alcohol puro, de lata. Cuando retornó, ebrio, le reclamó a su hijastra de 14 años un celular que, según él, le había comprado. La menor no se lo dio y él no dejó de insultarla a gritos.

Casimira salió en su defensa recordándole que fue ella quien le compró el celular a su hija.  Para evitar más violencia, la adolescente le entregó a Rigoberto el teléfono móvil y él descubrió la foto del hermano menor de Casimira en uno de los álbumes. El hombre estalló y acusó a su hijastra de tener una relación con su tío materno, que está en el cuartel. 

La menor se fue a la escuela y Rigoberto fue hasta allá con un palo de escoba para golpearla. Los profesores intervinieron para defenderla. El hombre golpeó a su esposa rompiéndole el palo de escoba en su cuerpo, y luego a puñetes y patadas. Después amenazó con matarla a ella y a su madre con una motosierra o rociándolas con diesel para prenderles fuego después.

La mujer y sus hijos huyeron de Yapacaní y llegaron a Cochabamba en busca de ayuda. Abogados y una trabajadora social de la Fundación Voces Libres la llevaron a un médico forense que le dio cuatro días de impedimento. La Casa Esperanza, la albergó a ella y a sus hijos estos días, y personal de Voces Libres ya había tramitado ante la Dirección Departamental de Educación los documentos para que los niños y la adolescente puedan terminar la gestión escolar en esta ciudad.

Sin embargo, autoridades comunitarias de la localidad donde vivía la familia se comunicaron con los abogados de Voces Libres para enviar la foto de un documento en el que Rigoberto se compromete a no golpear más a su esposa y a su hijastra. Estas autoridades serían “las garantes”.  Los defensores le advirtieron a Casimira que Rigoberto volverá a maltratarles mientras no reciba ayuda. Ella dijo que se quedaría, pero el domingo 22 de septiembre huyó de Casa Esperanza con sus hijos y ahora se desconoce si está con algún otro familiar o volvió  con el agresor.

“En 10 días hemos conocido dos casos de violencia terribles. En el caso de Yapacaní, no sabemos si el juez declinará, porque ocurrió en otra jurisdicción, pero lamentamos que hasta la fecha el Estado no tenga políticas reales para evitar que las mujeres vuelvan al círculo de violencia porque saben que no pueden mantener a sus hijos solas, sin haber estudiado. En otros países, el Estado les da un sueldo mínimo por tres o seis meses, para que puedan sobrevivir, en tanto se capacitan para salir adelante sin sus agresores. En Bolivia aún no existen estos avances. Tampoco hay guarderías para hijos de víctimas de violencia. No hay ayuda psicológica para que ellas entiendan el riesgo que corren, la violencia se ha naturalizado”, declaró Mercedes Cortez.

Por su lado, la presidenta del  colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, recordó que “tenemos leyes, pero no se cumple en todos su artículos. Tenemos autoridades que tienen la obligación de hacer el seguimiento respectivo y no lo hacen. Por eso yo digo que estas autoridades son las responsables de las futuras muertes de nuestras compañeras”.

Coca sostuvo que están cansadas de respuestas burocráticas y exigió soluciones concretas. “Estamos en una época en que los políticos usan los feminicidios como banderas en sus campañas electorales, pero no entienden la magnitud del problema y por eso no ofrecen soluciones reales”.

 

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