Tras una masiva marcha de protesta contra la impunidad en que hasta ahora se encuentra el ataque a periodistas, agropecuarios y policías el pasado 28 de octubre en la propiedad Las Londras, provincia Guarayos, periodistas de Santa Cruz de la Sierra, exigieron al fiscal departamental Roger Mariaca, la apertura de un proceso penal contra los autores del hecho.
De acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Asociación de periodistas de Santa Cruz, Roy Méndez, la primera exigencia es el cambio de calidad de testigos, como fueron citados a declarar los periodistas afectados, a la de víctimas de secuestro y tortura a las que fueron sometidos.
Según expresiones de Méndez, el proceso penal debe ser por secuestro, organización criminal, privación de libertad, amenazas, lesiones graves y leves , porte y tenencia de armas de fuego y tentativa de homicidio
El dirigente lamentó que hasta la fecha no se conozca de los resultados de una investigación ni se dé con los autores del hecho violento que puso en peligro la vida de los seis periodistas que solo cumplían con su labor de informar a la ciudadanía sobre los hechos.
Roy Méndez informó que se está elevando una carta al Comité Contra la Tortura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con un pedido de tutela y garantías, porque “lo que vivieron los periodistas es eso, fue tortura, porque las siete horas, los hostigaron los patearon, les colocaron el arma de fuego en la cabeza, para tratar de sacarles una confesión, que todos sabemos, ellos fueron a realizar una coberturas periodística, no fueron pagados por nadie, fueron a hacer su trabajo noble de informar”.
Según las declaraciones, se pide que se agilicen las investigaciones porque “hasta el momento solo queda en limpio la palabra Impunidad, porque no hay ni un detenido, ni un procesado, y los encapuchados armados que torturaron y secuestraron están en libertad,”.
Por otro lado, se conoce que la Fiscalía habría emitido, en principio cuatro órdenes de aprehensión y luego seis, contra presuntos autores del hecho plenamente identificados y es la Policía la que debe ejecutarlas. Lo que supone que ya existirían investigaciones avanzadas.
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