En la sesión de este martes, 8 de los 11 concejales de Montero aprobaron enviar al alcalde municipal, Regys Medina, una minuta de comunicación en la que se le recomienda fijar la tarifa del pasaje urbano en Bs 2 mediante un decreto edil. Los concejales Santiago Valenzuela, Noel Pozo y Eliza Ramírez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), se abstuvieron de votar.
Los ediles Willan Perales, Anabel Siles, Fernando Rojas, Mauricio Suárez, Gilda Veizaga y Pilar Villarroel, de Creemos, junto a sus colegas José Luis Mendoza y Ana Yapuri, del MAS, respaldaron la propuesta de enviar al Ejecutivo Municipal la recomendación de establecer el precio del pasaje en Bs 2.
Mientras tanto, los concejales Noel Pozo, Santiago Valenzuela y Eliza Ramírez, también del MAS, optaron por abstenerse. Pozo justificó su decisión argumentando que no había tenido acceso al informe del estudio de costos elaborado por los técnicos del Concejo Municipal. Por su parte, Valenzuela y Ramírez no explicaron las razones de su abstención.
Willan Perales, presidente del Concejo Municipal, aclaró que el Legislativo no está fijando directamente el precio del pasaje, sino sugiriendo al alcalde que, mediante un decreto edil, establezca la tarifa en Bs 2.
“No estamos fijando el pasaje, sino recomendando al alcalde que norme la tarifa en Bs 2 a través de un decreto. Para respaldar nuestra posición, enviaremos el estudio de costos realizado por los técnicos del Concejo”, explicó Perales, destacando que esta medida se alinea con el espíritu de la Ley Municipal del Transporte.
Según se conoció, el estudio de costos realizado por los técnicos del Legislativo Municipal indica que el precio del pasaje no debería superar los dos bolivianos. Tras la decisión de la mayoría de los concejales, los dirigentes vecinales presentes en la sala respondieron con un fuerte aplauso.
Cabe recordar que el precio del pasaje urbano en Montero fue incrementado unilateralmente por los transportistas de 2 a 3 bolivianos el pasado 20 de diciembre de 2024. El lunes, los dirigentes del sector habían manifestado que no responderían a ninguna convocatoria de las autoridades y que los operativos de control anunciados deberían estar respaldados por una normativa municipal.
*Con datos de RTV Norte.
