La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N.º 553/2024-2025, que modifica la Ley N.º 1102 del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato (CONALCABI), con el objetivo de endurecer las sanciones penales contra el delito de abigeato. La nueva norma eleva la pena hasta ocho (8) años de privación de libertad, marcando un hito en la defensa de la producción ganadera nacional.
Durante la sesión, el presidente de CONGABOL y FEGASACRUZ, Ing. Walter Dener Ruiz Paz, presentó la sustentación técnica, exponiendo los graves impactos del abigeato en el ámbito económico, social y sanitario. En este último, alertó sobre el crecimiento del comercio ilegal de carne proveniente de faenas clandestinas, que pone en riesgo la salud pública. El equipo técnico de FEGASACRUZ complementó la exposición con datos que evidencian que el abigeato afecta a productores de todos los tamaños y departamentos del país, operando bajo amenazas y amedrentamiento.
Este avance legislativo fue impulsado por el diputado José Carlos Gutiérrez Vargas, proyectista de la norma y representante de la C-45 de Santa Cruz, quien lideró la sustentación jurídica del proyecto. El parlamentario destacó la urgencia de fortalecer la seguridad jurídica del sector pecuario, afectado por redes delictivas que operan con impunidad.
El debate en la Comisión reflejó una postura unánime a favor de proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica de los productores pecuarios, abarcando no solo el ganado bovino, sino también especies caballares, mulares, asnales, bufalinas, porcinas, caprinas, ovinas y camélidas americanas.
La aprobación del proyecto representa un paso firme en la lucha contra este flagelo que desmotiva al productor y debilita la cadena agropecuaria. El siguiente paso será su consideración en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera revertir la actual situación de impunidad, en la que los infractores “entran presos y salen rápidamente” debido a las limitaciones del artículo 350 del Código Penal vigente.
“El sector productivo celebra este avance, pero también recuerda que hay al menos nueve leyes más que deben ser trabajadas para garantizar una verdadera seguridad alimentaria y condiciones adecuadas para producir en Bolivia”, afirmó el presidente Walter Ruiz.
