La diputada uninominal de la circunscripción 52 Deysi Choque manifestó que no hay motivos para la movilización nacional anunciado para este jueves en contra del “paquete de leyes”.
En un mensaje publicado en su red social, la asambleísta aseguró que el paquetazo de leyes que habla el Comité Pro Santa Cruz, no existe y que todo responde a una campaña de desinformación destinada a desprestigiar al gobierno del presidente Luis Arce.
“El paquetazo de leyes no existe” dijo Choque al explicar que el proyecto de Ley 304 que fue presentado por un diputado de Tarija, fue solamente una propuesta y fue retirado del debate para evitar confusiones.
Con respecto al proyecto de ley 305, admitió que uno de los artículos fue observado por el gremio de la prensa y los miembros de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, decidieron retirar dicho artículo, quedando el proyecto sin más observaciones.
En cuanto al proyecto de Ley 280 sostuvo que de ninguna manera criminaliza las movilizaciones y tampoco perjudica a comerciantes, transportistas y productores.
“El proyecto fue retirado de su tratamiento en la Asamblea Legislativa hasta terminar su socialización” dijo Choque al destacar que ese proyecto de ley va dirigido a una lucha frontal contra los grandes narcotraficantes que lavan el dinero de ese ilícito a través de otras actividades.
“Además que va enfocada a la lucha contra la trata y tráfico de personas” finalizó la asambleísta.
Entre tanto, los diferentes sectores, a la cabeza del dirigente gremialista Jesús Cahuana en Santa Cruz, indicaron que este jueves se llevará a cabo una manifestación con bloqueo de carreteras, avenidas y calles en diferentes capitales del país.
Las protestas serán contra el ‘paquete de leyes’, donde abarcan los proyectos de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La 304 de Regulación de Contenido Difundido en Redes Sociales, y la 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
Además de las protestas contra la Gestora Pública que iniciará operaciones el 2 de mayo, con el traspaso de los aportes por parte de las AFP, y también por el conflicto con el Magisterio Urbano.
