El Juzgado de Sentencia Penal 1º de la ciudad de Montero fijó para los días jueves y viernes de esta semana la audiencia de juicio oral público, hasta dictar sentencia definitiva, ante la denuncia de un funcionario municipal de Minero en contra de la comunicadora Helen Friallo Claros, a quien se la acusa de calumnias, injurias e insultos, contra la gestión del alcalde Salvador Torrejón.
Según el post de Todo Digital Noticias-Bolivia, los testigos de la parte denunciante llegaron la mañana de este jueves hasta el juzgado para iniciar el juicio oral, sin embargo, la parte acusada (Helen Friallo) no se hizo presente, debido a que se encuentra mal de salud, solamente su abogado defensor que hará la correspondiente representación con el respectivo parte médico.
La página digital de la comunicadora, sostiene que el aparato municipal busca darle un «escarmiento» por publicar información que ha puesto en tela de juicio la gestión del actual alcalde.
El post refiere que la audiencia del juicio oral fueron programas para los días jueves y viernes de 9 a 12 por la mañana y de 1 a 4 por la tarde.
Durante esos dos días las partes tendrán la posibilidad de presentar sus pruebas de cargo y descargo, más un número determinado de testigos.
En el caso del denunciante, el funcionario Alfredo Terán Paredes, ha presentado al menos seis testigos, todos ellos funcionarios de la alcaldía, entre ellos Samuel Mendoza, de la Unidad de Recaudaciones; la abogada Marivel Pérez Cuéllar, secretaria del Concejo Municipal; y Víctor Uriona, director municipal de Salud.
Según criterio de varios periodistas de Montero, si el denunciante y sus testigos querían conseguir justicia, el caso debía ser presentado ante un Jurado de Imprenta —como establece la ley— y no en la justicia ordinaria como lo hicieron, procedimiento que ha levantado la molestia de los comunicadores locales.
Mientras tanto, la acusada ha seguido desarrollando sus actividades de comunicación e información, pero considera que si el juez dicta sentencia condenatoria en su contra será un precedente nefasto para la libertad de información no solo en Minero sino también en todo el Norte Integrado.
