La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) manifestó hoy su profunda preocupación y rechazo por el violento avasallamiento perpetrado en la Hacienda Santa Rita, ubicada en el municipio de El Puente, provincia Guarayos. La propiedad fue invadida por tercera vez el pasado 5 de mayo por grupos armados que llegaron en motocicletas, empleando tácticas de amedrentamiento y portando armas de fuego.
Durante una conferencia de prensa, Jaime Hernández, gerente de ANAPO, denunció la inacción de las autoridades y exigió la intervención inmediata de la fuerza pública para garantizar la seguridad y la protección de la propiedad privada.
“El Estado no puede seguir tolerando que grupos armados encapuchados, con rifles y escopetas, se apoderen de propiedades legalmente constituidas, impidan la producción de alimentos y pongan en riesgo vidas humanas”, afirmó Hernández. “No estamos hablando de un conflicto de papeles, sino de delitos flagrantes: avasallamiento, portación ilegal de armas, robo, amenazas de muerte y destrucción de cultivos”.
De acuerdo con la información brindada, la invasión de la Hacienda Santa Rita ha paralizado la siembra planificada de maíz y soya, además de bloquear el ingreso de maquinaria agrícola. A pesar de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó que el predio cuenta con medidas precautorias de protección, la Policía no ha realizado ninguna acción efectiva para desalojar a los invasores ni detener a los cabecillas, varios de ellos con órdenes de aprehensión vigentes.
“¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe?”, cuestionó Hernández. “Ya no estamos ante un simple incumplimiento administrativo, sino ante un atentado contra el derecho a la propiedad, la producción de alimentos y la paz social. Si no se frena esta invasión, las propiedades productivas aledañas corren grave riesgo”.
Los daños son cuantiosos: de las 1.000 hectáreas destinadas al cultivo de maíz, solo se sembraron 380. Además, están en riesgo 3.500 hectáreas de soya y cerca de 40 empleos directos, junto a decenas de empleos indirectos. “Estamos enfrentando pérdidas económicas irreparables mientras los responsables continúan circulando libremente e incluso participando en reuniones oficiales del INRA”, denunció el gerente.
ANAPO exige al viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, y al Comando Nacional de la Policía que cumplan con su deber constitucional y restablezcan el orden y la ley en la Hacienda Santa Rita.
“No buscamos enfrentamientos, queremos trabajar y producir, pero no vamos a aceptar que se pisoteen los derechos de los productores. Si no se restituye el estado de derecho, se abrirá la puerta a más violencia y avasallamientos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia”, concluyó Hernández.
