La Unión de Transportistas del Norte Integrado determinó incrementar el pasaje en la ruta Montero–Santa Cruz de 12 a 15 bolivianos, como consecuencia del aumento en los precios de los carburantes tras la aplicación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles.
El anuncio fue realizado por Jhonny Rocha Ortiz, presidente de la Unión de Transportistas del Norte Integrado, quien señaló que el sector se encuentra en estado de emergencia, calificando la medida gubernamental como un “atentado” contra el transporte público.
Rocha informó que la decisión fue asumida luego de un ampliado departamental, encabezado por el dirigente Bismar Daza, donde se resolvió exigir la abrogación inmediata del decreto, además de analizar la posibilidad de sumarse a un paro nacional, en coordinación con otros sectores y departamentos del país.
“Estamos atravesando una emergencia real. Pedimos disculpas a la población, pero esta determinación es consecuencia directa del incremento de los carburantes, que afecta de manera grave a nuestro sector y a la canasta familiar”, manifestó el dirigente.
Según explicó, el aumento de los combustibles es significativo. Detalló que el gas natural vehicular (GNV) que ellos utilizan, registró un incremento del 65%, pasando de Bs 1,66 a Bs 2,73, lo que obliga a los transportistas a cargar prácticamente el doble para cumplir sus recorridos. Asimismo, aseguró que la gasolina subió cerca del 90% y el diésel hasta un 150%.
“Es mentira que no ha subido el gas. Tenemos los datos y las boletas que demuestran el incremento. Todo esto repercute directamente en nuestros costos operativos”, afirmó Rocha.
El dirigente aclaró que, pese al escenario crítico, el incremento aprobado busca ser moderado en comparación con otras regiones del país, donde las tarifas habrían subido de forma más drástica. “Pensando en la población, que también es pueblo como nosotros, hemos fijado el pasaje en 15 bolivianos”, indicó.
Finalmente, reiteró que el transporte del Norte Integrado se mantendrá en emergencia permanente y ratificó su respaldo a las movilizaciones sociales que exigen la anulación del Decreto Supremo 5503, advirtiendo que las medidas de presión podrían intensificarse si el Gobierno no da una respuesta inmediata.
