Familiares de una víctima de asesinato protagonizaron una manifestación pública en rechazo a la decisión del fiscal Luis Alberto Lafuente, cuya participación en el caso llevó a la autoridad jurisdiccional a declarar el sobreseimiento de la mujer implicada en el caso, al considerar que no existen pruebas suficientes que demuestren su participación en el crimen. Los denunciantes aseguran que esta determinación estaría ignorando evidencias y testimonios, por lo que piden que el fiscal sea apartado del proceso.
El caso se remonta a un hecho ocurrido en octubre de 2025, cuando un hombre identificado como Adolfo Raldes Algarañaz, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca. Por este hecho, el Ministerio Público logró una sentencia de 30 años contra el autor material, L.F Rocha además de la detención preventiva de otro implicado, A. Rocha, hermano del agresor, a quien se le atribuye participación directa en el ataque. Según el fiscal, ambos actuaron tras una pelea previa y se trasladaron hasta el domicilio de la víctima, donde se produjo el desenlace fatal.
Sin embargo, la principal controversia, motivo de la protesta, gira en torno a la mujer, pareja de la víctima, Wendy M.A. quien inicialmente fue imputada por presunta complicidad. El fiscal explicó que, tras analizar declaraciones y otros elementos investigativos, no se logró demostrar que ella haya colaborado, ayudado o facilitado el accionar de los agresores. Lafuente también aclaró que el teléfono celular, considerado una posible prueba clave, no pudo ser peritado técnicamente por el IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial) y presentaba señales de manipulación y estaba en poder de la demandante, lo que impidió confirmar comunicaciones previas con los autores del crimen.
Estas conclusiones no son aceptadas por la familia del fallecido, que sostiene que existen videos, testimonios y pericias que no habrían sido tomados en cuenta. Además, cuestionan que la mujer no haya auxiliado a la víctima y afirman que presuntamente habría tenido contacto previo con los agresores. Por ello, consideran que el sobreseimiento es injusto y denuncian una supuesta parcialización en la actuación fiscal.
Ante esta situación, el fiscal Lafuente señaló que, aunque las partes aún no han sido notificadas formalmente, tienen el derecho de impugnar la resolución. Asimismo, indicó que el caso será remitido de oficio a un superior jerárquico para que evalúe si corresponde ratificar o revocar el sobreseimiento, en un intento de dar transparencia y legalidad al proceso.
