En la última sesión del Concejo Municipal de Montero, el presidente Willan Perales informó sobre la aprobación de una ley de alianzas público-privadas y la intención de modificar el reglamento interno del Concejo.
Según Perales, la reforma busca garantizar que la primera fuerza política —en este caso Creemos, que llevó a Régys Medina a la alcaldía, tenga la presidencia y secretaría de la directiva, mientras que las minorías ocuparían la vicepresidencia. “La directiva está conformada por el ganador de las elecciones, por la primera fuerza política”, afirmó.
Sin embargo, concejales electos opositores rechazaron la iniciativa, calificándola de irregular y antidemocrática. Señalaron que el reglamento vigente establece que la directiva se define con seis votos y cuestionaron que la modificación se impulse a pocos días de concluir la gestión. “Esto es una clara señal de obra de mala fe y falta de transparencia, un intento de perpetuarse en la presidencia”, denunciaron, asegurando que acudirán con su equipo jurídico si la norma se aprueba.
El debate se tornó tenso, con acusaciones de “boicot” por parte del presidente Perales hacia los concejales de minoría, quienes a su vez denunciaron que no fueron informados previamente de los cambios. La sesión quedó en suspenso y se anunció que se retomará con medidas de seguridad y resguardo policial.
Desde el punto de vista legal, los concejos municipales salientes mantienen la facultad de sesionar y aprobar normas hasta el momento de la posesión de las nuevas autoridades. Sin embargo, la práctica de introducir reformas de fondo en plena transición ha generado controversia en distintos municipios. En La Paz, por ejemplo, El 22 de abril de 2026, la Sala Constitucional Segunda de La Paz dictó una medida cautelar que restringe las sesiones del Concejo Municipal. Esta determinación limita sus funciones exclusivamente a tareas de cierre administrativo, prohibiendo la aprobación de nuevas normativas sustanciales en la recta final de la gestión.
La situación en Montero refleja esa tensión entre legalidad y legitimidad política: aunque el concejo actual tiene atribuciones para legislar hasta el final de su mandato, la oposición considera que hacerlo en temas sensibles como la composición de la directiva vulnera la voluntad popular y afecta la transparencia de la transición. El desenlace de esta confrontación dependerá de lo que ocurra la próxima sesión, que seguramente estará marcada por un fuerte clima de confrontación.
