El Ministerio de Gobierno informó este viernes que instruyó una investigación para determinar responsabilidades por la salida del país del expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, quien presuntamente abandonó territorio nacional incumpliendo disposiciones establecidas en la Ley de Arraigo.
A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado recordó que la normativa vigente establece que toda exautoridad debe permanecer en el país durante seis meses después de concluir sus funciones, con el objetivo de garantizar su disponibilidad ante posibles procesos o investigaciones.
En ese marco, el Ministerio de Gobierno anunció que, mediante la Dirección General de Migración, se instruyó el inicio inmediato de una “investigación exhaustiva” para identificar a funcionarios o servidores públicos que hubieran facilitado, permitido u omitido controles relacionados con la “salida irregular” del exejecutivo de YPFB.
“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir responsabilidades”, señala parte del comunicado oficial.
Asimismo, la institución remarcó que ningún exfuncionario tendrá privilegios ni trato preferencial por motivos políticos, partidarios o personales, enfatizando que la ley debe aplicarse “sin excepción y con el mismo rigor para todos”.
Yussef Akly dejó la presidencia de YPFB en marzo pasado. Su gestión estuvo marcada por la polémica relacionada con la distribución de combustible de mala calidad, situación que provocó daños en vehículos y generó reclamos de distintos sectores del transporte.
Además, durante su administración surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos vinculados a la adquisición de carburantes y crudo, hechos que actualmente son objeto de observación y seguimiento por parte de diferentes instancias.
*Texto: ERBOL
