Los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa acordaron este jueves, impulsar la realización de las elecciones judiciales y rechazaron la posibilidad de designar de manera directa a los magistrados que faltan en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La reunión fue convocada por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, para analizar la crisis que atraviesa el Órgano Judicial. Al término del encuentro, la autoridad informó que uno de los principales acuerdos fue descartar cualquier designación «a dedo» de magistrados para cubrir los cargos vacantes.
Asimismo, explicó que las fuerzas políticas acordaron impulsar con carácter de urgencia el tratamiento, en la Cámara de Diputados, de los proyectos de ley destinados a garantizar el funcionamiento transitorio del TCP y del TSJ.
Según Lara, la norma también establecerá la fecha en la que deberán realizarse las elecciones judiciales para renovar las autoridades del sistema de justicia.
El vicepresidente lamentó la ausencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, quien no asistió a la reunión pese a que, según indicó, el propio Órgano Judicial había solicitado la instalación de un espacio de diálogo.
Tampoco participaron los presidentes del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental ni del Consejo de la Magistratura, aunque representantes de estas dos últimas instituciones hicieron llegar notas de excusa.
Durante su evaluación, Lara cuestionó el anuncio de un posible paro escalonado del sistema judicial realizado por Saucedo, al considerar que una medida de esa naturaleza perjudicaría gravemente a la población.
«El Poder Judicial no puede parar. Hay personas privadas de libertad, audiencias de apelación, solicitudes de cesación a la detención preventiva, acciones de libertad y otros procesos que requieren la actuación permanente de los jueces», sostuvo.
Finalmente, afirmó que el Gobierno reconoce la crisis que atraviesa la administración de justicia y reiteró la necesidad de instalar una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones y brindar certidumbre a la población.
