Organizaciones de periodistas y representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación por el proyecto de Ley de Acceso a la Información, que comenzó a ser tratado en la Cámara de Senadores el pasado 2 de julio. Mediante un pronunciamiento conjunto, señalaron que la propuesta representa un retroceso para el derecho de acceso a la información pública y afecta el trabajo de la prensa, informó Urgente.bo.
Entre las instituciones que suscriben el documento se encuentran la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), además de otras organizaciones del sector. Los firmantes cuestionan que la iniciativa haya sido presentada sin un proceso de socialización ni consultas con periodistas y ciudadanos.
Según el comunicado, el proyecto deja de lado una propuesta anterior aprobada en octubre de 2024, que fue elaborada con participación de organizaciones de la sociedad civil y que actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. Aseguran que el nuevo texto elimina los consensos alcanzados durante ese proceso.
Los gremios también identifican varios aspectos que consideran perjudiciales para el ejercicio periodístico. Uno de ellos es la obligación de presentar las solicitudes de información únicamente por escrito, acompañadas de datos personales y una fotocopia de la cédula de identidad, requisito que, podría poner en riesgo la seguridad de periodistas que realizan investigaciones.
Asimismo, observan que la propuesta permite a las instituciones públicas disponer de hasta tres semanas para responder solicitudes de información, aun cuando esos datos estén disponibles de forma inmediata. También cuestionan que las denuncias por la negativa de entregar información sean atendidas por las Unidades de Transparencia de las propias entidades públicas, las cuales, según estos gremios, no cuentan con la independencia necesaria.
Finalmente, las organizaciones lamentaron que el Senado no haya convocado a audiencias públicas para debatir el contenido del proyecto y anunciaron que permanecerán en estado de alerta mientras continúe su tratamiento legislativo.
