El Congreso Extraordinario de los agropecuarios de Bolivia, reunido este jueves en Warnes, determinó otorgar plazo hasta este domingo al Gobierno de Rodrigo Paz para abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que, si el Gobierno no deja sin efecto la norma hasta el domingo, el sector acudirá el lunes al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.
“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó Frerking al concluir el encuentro.
El Congreso reunió a representantes de diferentes sectores productivos del país y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, además de otras autoridades.
Frerking sostuvo que el sector productivo necesita certidumbre para continuar con sus actividades y rechazó la posibilidad de que el decreto sea simplemente modificado o reglamentado, insistiendo en que la demanda central es su abrogación.
“La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando”, manifestó el dirigente, quien cuestionó que, a su criterio, la aplicación de la norma haya generado un incremento de la corrupción, el mercado negro y la especulación.
Piden garantizar el abastecimiento de diésel
El presidente de la CAO también respondió al argumento del Gobierno de que la eventual abrogación del decreto no solucionaría el problema de la falta de diésel.
Frerking sostuvo que corresponde al Ejecutivo garantizar el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio y planteó flexibilizar las normas para facilitar la importación y comercialización de diésel.
“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó.
La eventual convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad deberá ser definida por el directorio del Comité Pro Santa Cruz, instancia que también determinará las medidas que podrían asumir los sectores movilizados en caso de que el Gobierno no atienda su demanda dentro del plazo establecido.
