El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley de Retorno Económico, que devuelve al nivel central del Estado el financiamiento de los prediarios de las personas privadas de libertad y del bono de vacunación para el personal de salud, obligaciones que hasta ahora recaían en los gobiernos departamentales.
La norma establece que el Ministerio de Gobierno asumirá el financiamiento de los prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional, mientras que el Ministerio de Salud y Deportes se hará cargo del bono de vacunación.
La medida representa, según datos expuestos durante el acto de promulgación, un alivio fiscal de aproximadamente Bs 209,5 millones para las gobernaciones.
Paz vinculó la promulgación con la denominada Agenda 50-50, orientada a avanzar en la redistribución de recursos y competencias entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.
“Este es un paso dentro de lo que es la Agenda 50-50”, afirmó el mandatario durante el acto realizado en el Palacio Quemado.
Gobernaciones destacan el avance hacia la descentralización
El presidente del Senado, Diego Ávila, consideró que la transferencia de estas obligaciones permite avanzar en el proceso autonómico mediante la reasignación de competencias acompañada de los recursos correspondientes.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó el trabajo conjunto de las nueve gobernaciones para impulsar una mayor descentralización.
“Vamos a apoyar todas las cosas buenas que este Gobierno haga y vamos a, por supuesto, criticar también los errores, como nos corresponde”, afirmó Velasco.
El gobernador señaló que la medida constituye uno de los avances dentro de las demandas planteadas por las autoridades departamentales en el marco de la Agenda 50-50, aunque los gobiernos departamentales mantienen otros pedidos relacionados con la distribución de recursos y la autonomía fiscal.
La promulgación se produce en el marco de la reunión entre el presidente Paz y los gobernadores de los nueve departamentos, quienes mantienen una agenda de trabajo vinculada a la situación financiera de las gobernaciones y a la implementación del modelo 50-50.
