La Fundación de Derechos Humanos y Justicia de Montero, pone nuevamente de manifiesto el incremento de personas en situación de calle, que no tienen un techo donde cobijarse, pero más allá de esa denuncia, las personas que viven y subsisten en esas condiciones, arrastran traumas o incluso problemas de salud mental y adicciones que muy pocos ciudadanos conocen.
Muchas de estas personas se encuentran en el abandono social, toda vez que no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute sobre su bienestar en términos físicos, psicológicos y emocionales.
Deambulan a su suerte por diversas zonas de la ciudad, sin que las autoridades llamadas por ley, puedan realizar alguna acción destinada a su protección.
La coordinadora de la Fundación de Derechos Humanos y Justicia Adela Ortiz, explicó que desde el año pasado realizaron las gestiones a nivel local y regional para lograr concretar un albergue, consiguiendo compromisos que al final quedaron solamente en buenas intenciones.
“Las autoridades siguen vulnerando el derecho de esas personas” Ortiz dijo a manera de evaluar la presencia de ese grupo de personas en las calles y la actitud de las autoridades locales que no buscan soluciones a esa problemática social y humana.
En abril del presente año, el alcalde de Montero Regys Medina, el Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el Monseñor Nicolas Castellanos, firmaron una carta de intensiones para posibilitar el uso de un inmueble ubicado en el barrio Santa Rosita zona de Guabirá para un albergue destinado a pacientes del centro Teresa de los Andes y a personas en situación de calle y con problemas mentales que existen en Montero.
Adela Ortiz dijo que el alcalde fue parte de la firma de ese convenio pero que nunca llegaron a conocer el contenido del mismo, pese a que lo solicitaron a las autoridades municipales.
En ese sentido aseguro que una vez sea soluciones el conflicto por el Censo, retomarán el caso enviando una carta a la Asamblea Legislativa Departamental solicitando audiencia para presentar toda la documentación correspondiente sobre la realidad de esas personas que viven Montero, para después convertirla en una Ley Departamental de protección a ese grupo social, actualmente abandonado.
En Montero, contabilizan más de 18 personas en situación de calle y con traumas mentales, solamente en el área central de la ciudad.
“Vemos falta de sensibilidad y humanidad de las autoridades con las personas en situación de calle” dijo la activista de Derechos Humanos, al advertir que en caso no sean escuchados y atendidos en su demanda de una ley en favor de esas personas, no tendrán otra alternativa que iniciar una demanda a las autoridades por incumplimiento de deberes.
Por su lado la concejal Pilar Villarroel dijo que la atención de las personas en situación de calle y con traumas mentales, es competencia de la Gobernación de Santa Cruz, toda vez que su atención medica corresponde a un tercer nivel.
“El municipio atiende los primeros niveles y segundo niveles, pero el problema mental es de tercer nivel”, dijo Villarroel al momento de manifestar que realizarán las gestiones en la gobernación de Santa Cruz, coordinando también con otras instituciones y encontrar la ayuda correspondiente para esas personas.
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