En reunión de representantes de instituciones y alcaldes de la zona metropolitana de Santa Cruz que conforman el Comité de Emergencia Departamental COED, se determinó mantener la declaratoria de emergencia en todo el departamento de Santa Cruz ante la sequía, incendios forestales y contaminación del medioambiente por humo y fortalecer los sistemas de salud.
Todos los gobiernos municipales deben fortalecer las acciones de monitoreo, prohibición, inicio de procesos para las sanciones correspondientes a toda persona que inicie quemas y provoque incendios forestales.
Ante la falta de acciones por la ABT, se conmina y exige al Ministerio Público a proceder de oficio e iniciar los procesos penales que correspondan por los incendios provocados en todo el departamento.
De igual manera, se conmina al Comando Departamental de la Policía bajo la dirección del Ministerio Público, al acompañamiento, resguardo y seguridad de los bomberos forestales en las zonas críticas, así como realizar patrullaje preventivo e investigación de los incendios forestales.
En las determinaciones del COED, también se recomienda mantener la suspensión de actividades escolares entretanto la situación de la calidad del oxígeno no recupere los niveles recomendables para exposición del ser humano al aire libre, como mínimo hasta el viernes de la presente semana y se recomienda continuar con las actividades a través de medios virtuales.
Por otro lado se recomienda evitar actividades al aire libre, uso de barbijo, hidratación y asistir a los centros de salud pública, ante afecciones provocadas por la contaminación o inhalación de humo.
A las instituciones públicas y empresas privadas, recomienda flexibilizar, tener tolerancia y otorgar permisos a los bomberos voluntarios para apoyar a los gobiernos municipales y al gobierno departamental en el marco de Ley 3314 del Voluntariado Boliviano y la Ley Departamental 148.
Finalmente determinaron enviar un oficio a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la modificación del Código Penal a efecto de endurecer las penas por la comisión de delitos medioambientales.
