El concejal y actual candidato a la Alcaldía de Montero para las elecciones subnacionales del 22 de marzo, Santiago Valenzuela de Alianza Todos, rechazó de manera enfática las acusaciones que lo vinculan con un supuesto avasallamiento de terrenos en el sector de Cofadena y aseguró que se trata de un intento político por desacreditar su postulación.
Valenzuela sostuvo que su nombre figura en una sentencia constitucional relacionada con el caso, pero afirmó que dicha acción responde a una denuncia que él mismo presentó en 2010, cuando —según su versión— destapó una red organizada que pretendía apropiarse de terrenos en el actual barrio Cofadena mediante títulos falsos. Explicó que en ese entonces acudió al Ministerio Público y a otras instancias competentes, incluso al Ministerio de Defensa en La Paz, para denunciar las irregularidades.
De acuerdo con su relato, las personas a las que denunció terminaron convirtiéndose en sus demandantes, en un proceso que considera una represalia. Aseguró que nunca ha avasallado terrenos ni posee un metro cuadrado dentro del área cuestionada y que ni siquiera reside en ese sector. Añadió que la sentencia mencionada no fue ejecutada en su momento y atribuyó esa situación a acuerdos posteriores entre demandantes y ocupantes del lugar.
El candidato interpretó la reactivación pública del caso como una maniobra política impulsada desde la actual administración municipal. Señaló directamente al presidente del Concejo Municipal, William Perales, a quien acusó de estar detrás de la difusión del tema, en el marco de una estrategia para afectar su imagen ante la ciudadanía.
Valenzuela afirmó que estas acusaciones no tienen sustento y que no afectan su carrera política. Sostuvo que su trayectoria ha estado marcada por la defensa de los derechos de los sectores humildes y por una lucha constante contra la corrupción, tanto en su etapa de dirigente vecinal como en su gestión como concejal. En ese contexto, aseguró que las acciones legales que ha impulsado siempre estuvieron orientadas a proteger el patrimonio del municipio de Montero, atribución que —dijo— le confiere la ley en su condición de autoridad legislativa local.
El candidato concluyó señalando que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso judicial que se promueva en su contra y reiteró que no tiene responsabilidad alguna en hechos de avasallamiento, insistiendo en que las denuncias responden más a intereses electorales que a un sustento jurídico.
