La presidenta del Concejo Municipal de Montero, María Belén Arispe, rechazó las acusaciones sobre una presunta “toma” del ente legislativo y aseguró que las acciones realizadas por el denominado Bloque de Unidad estuvieron enmarcadas en sus atribuciones legales y administrativas.
En conferencia de prensa, Arispe explicó que las versiones difundidas por el concejal William Perales no reflejan lo ocurrido en las instalaciones del Concejo Municipal. Según indicó, los ocho concejales de oposición que conforman el Bloque de Unidad actuaron con el objetivo de resguardar documentación y bienes institucionales.
“En ningún momento nosotros hemos tomado esa acción de toma, ya que como concejales tenemos la facultad de realizar todas las medidas posibles para resguardar información necesaria”, afirmó.
La autoridad explicó que el procedimiento se realizó con presencia de una notaria de fe pública y bajo recomendación del asesor jurídico en funciones. Señaló que cerca de las 16:00 se procedió al inventario de oficinas y posteriormente al precintado de ambientes debido a la hora de salida de los funcionarios municipales.
Arispe sostuvo además que no se vulneró ningún derecho de trabajadores ni funcionarios y remarcó que el nuevo directorio fue elegido legalmente mediante votación de ocho concejales durante una sesión oficial.
“Hasta ahora el colega William Perales se emperna en querer seguir siendo presidente cuando ya de forma legal nosotros hemos elegido la directiva”, manifestó.
Concejal Callaú afirma que existe jurisprudencia favorable
Por su parte, el concejal y abogado Víctor Hugo Callaú respaldó jurídicamente la elección de la nueva directiva y aseguró que la Ley Municipal 374 presenta irregularidades que la vuelven inaplicable.
Callaú señaló que la situación registrada en Montero tiene similitudes con un reciente caso ocurrido en el municipio de Yacuiba, donde una juez de garantías constitucionales anuló una normativa municipal relacionada con el reglamento interno del Concejo.
Según explicó, la resolución judicial dejó sin efecto la Ley 10/2026 del Concejo Municipal de Yacuiba al considerar que vulneraba derechos constitucionales vinculados al debido proceso, legalidad y ejercicio de la función pública.
“El fallo establece la nulidad de los actos realizados con esa ley y dispone que se continúe aplicando el reglamento anterior”, indicó.
El concejal sostuvo que en Montero ocurre una situación similar con la Ley Municipal 374, aprobada por el Concejo saliente, la cual —según afirmó— contiene contradicciones legales y vacíos normativos.
Asimismo, cuestionó que la iniciativa legislativa para modificar el reglamento interno haya sido presentada por el director jurídico del Concejo Municipal y no por las instancias facultadas por ley.
Callaú aseguró que la aprobación de la norma se realizó con dispensación de trámite y sin informes de comisión, aspectos que —según dijo— vulneran el procedimiento legislativo establecido en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
Convocatoria al diálogo
Finalmente, el concejal Callaú invitó a los representantes de la agrupación CREEMOS a dialogar y participar de las sesiones convocadas por la nueva directiva.
“Si quieren hablar, dialoguemos de cara a la población en las condiciones que ellos elijan y con las verdades jurídicas que correspondan”, expresó.
Añadió que el Concejo Municipal continuará sesionando mientras se esperan posibles notificaciones judiciales relacionadas con las acciones legales anunciadas por la parte contraria.
El Bloque de Unidad insistió en que todas sus actuaciones se encuentran dentro del marco legal y reiteró su disposición al diálogo para evitar mayores conflictos institucionales en el municipio de Montero.
