La Cámara de Senadores aprobó la madrugada de este jueves, el proyecto de Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, que transfiere al Gobierno central la responsabilidad de financiar el pago de los prediarios de las personas privadas de libertad, el bono de vacunación del personal de salud y otras obligaciones que hasta ahora recaían sobre las gobernaciones.
La iniciativa surge en respuesta a los reiterados reclamos de los gobiernos departamentales, que durante años denunciaron haber recibido competencias sin la correspondiente asignación de recursos económicos. Desde 2005, mediante la Ley Nº 3302, las gobernaciones asumieron el pago de prediarios, el bono de vacunación, becas universitarias y contrapartes para proyectos de riego y electrificación.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración y, de ser sancionado, pasará al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
El presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que la norma corrige una situación que calificó de injusta.
“Estamos devolviendo la facultad, la competencia y la asignación de los recursos al nivel central, que durante todos estos años fueron injustamente endilgados a las autonomías”, manifestó.
Por su parte, el senador de Libre, Abdón Porcel, sostuvo que la ley permitirá aliviar la carga financiera de las gobernaciones y fortalecer el proceso autonómico.
“Permitirá descongestionar el gasto de las gobernaciones y fortalecer las autonomías, porque los gobiernos subnacionales podrán destinar esos recursos a las necesidades de la ciudadanía”, señaló.
Alcances de la ley
De acuerdo con el proyecto aprobado, el Gobierno central asumirá el financiamiento de:
- El pago de prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario.
- El bono de vacunación, viáticos de vacunación, escalafón médico y otros beneficios económicos de alcance nacional para el sector salud.
- Las becas universitarias.
- El mantenimiento y reposición de infraestructura deportiva.
Asimismo, la participación de las gobernaciones en programas de riego y electrificación deberá establecerse mediante convenios intergubernativos que definan claramente responsabilidades, aportes y fuentes de financiamiento.
La norma también establece que los recursos que las gobernaciones dejarán de destinar a estas obligaciones permanecerán bajo su administración y podrán ser reprogramados de acuerdo con sus competencias, planes y presupuestos institucionales.
La aprobación de esta iniciativa responde, además, a una de las principales demandas planteadas por los gobernadores del país durante la reunión realizada el 16 de julio en El Alto, donde solicitaron la revisión y eliminación de normas que asignan responsabilidades financieras a los gobiernos departamentales sin el correspondiente respaldo económico.
