El Gobierno nacional presentó dos denuncias ante el Ministerio Público contra más de 14 personas por un presunto daño económico superior a Bs 870 millones al Estado, relacionado con contratos para la provisión de aceite crudo de soya destinado a la Planta de Biodiésel I de YPFB, en Santa Cruz.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, explicó que el caso se originó en dos contratos firmados entre YPFB Refinación y la empresa Agroindustrial del Este–Indueste S.R.L., por un valor total de Bs 1.057 millones. De ese monto, se entregaron anticipos equivalentes a cerca del 75%.
Según García, la empresa incumplió los contratos y no contaba con garantías de cumplimiento ni de correcta inversión de los anticipos. El problema se habría generado después de que el anterior Directorio de YPFB Refinación modificara su reglamento y eliminara ambas garantías para los proveedores de aceite crudo de soya.
Seis días después de ese cambio se firmaron los contratos y el 9 de abril de 2024 comenzaron los desembolsos millonarios. Tras el incumplimiento, YPFB acordó la terminación de los contratos y la empresa reconoció que debía devolver los recursos al Estado.
Como respaldo, el anterior directorio aceptó dos terrenos, pero posteriormente se descubrió que eran pequeñas propiedades agrarias y, por mandato constitucional, no podían ser embargadas.
García señaló que, además del daño económico por estos contratos, también se identificó un sobreprecio de $us 10 millones en la Planta de Biodiésel I. Las denuncias por presuntos delitos de corrupción alcanzan al representante legal de la empresa, sus socios y a exgerentes de YPFB Refinación y de la unidad que solicitó la contratación.
