El Gobierno dispuso la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por un periodo de hasta 180 días, debido a deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas.
La medida está establecida en el Decreto Supremo 5699, aprobado el 2 de septiembre, y se suma a la intervención temporal de YPFB dispuesta previamente por el Gobierno.
La normativa crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de la ANH, que tendrá la tarea de dirigir, supervisar, evaluar y coordinar las acciones durante el periodo de intervención.
El plazo podrá ser ampliado una sola vez hasta por 90 días, mediante resolución ministerial del ministro de Hidrocarburos, siempre que persistan las causas que motivaron la intervención. También podrá concluir anticipadamente si dichas condiciones son superadas.
Apuntan a deficiencias en el abastecimiento interno
El decreto señala que las deficiencias identificadas están particularmente relacionadas con el abastecimiento interno de hidrocarburos y sus derivados.
La norma también atribuye parte de la situación a decisiones normativas, regulatorias, administrativas y contractuales adoptadas durante anteriores gestiones de gobierno, cuyos efectos, según el documento, se mantienen en la actualidad.
La intervención busca implementar medidas correctivas, determinar posibles responsabilidades administrativas, técnicas y operativas, además de establecer eventuales daños ocasionados al sector hidrocarburífero en gestiones pasadas.
Comisión estará integrada por cuatro instancias
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará integrada por ministros o representantes de:
- Ministerio de Hidrocarburos.
- Ministerio de Producción.
- Ministerio de Obras Públicas.
- Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
La comisión priorizará sus tareas en la regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades de toda la cadena productiva de hidrocarburos hasta su industrialización.
Para cumplir sus funciones, podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de apoyo.
Revisarán toda la cadena de hidrocarburos
Entre sus atribuciones estará la evaluación de los procesos de regulación, supervisión, control y fiscalización desarrollados por la ANH, así como de los mecanismos aplicados a la producción, transporte, refinación, almacenamiento, importación, distribución, comercialización y calidad de los hidrocarburos y sus derivados.
También podrá verificar los procedimientos de control de calidad de los combustibles producidos, importados, transportados, almacenados y comercializados como productos terminados dentro del territorio nacional.
La comisión tendrá acceso directo, o mediante personal autorizado, a los sistemas, bases de datos, registros, expedientes físicos y digitales y demás plataformas administradas o utilizadas por la ANH, con especial atención al sistema B-SISA.
Asimismo, podrá revisar procesos sancionatorios administrativos iniciados o concluidos por la agencia, con el objetivo de verificar su oportunidad y fundamento técnico, regulatorio y jurídico.
Podrán recomendar la remoción de funcionarios
La comisión también evaluará el cumplimiento de las funciones desempeñadas por autoridades, ejecutivos y personal administrativo, legal, técnico y operativo de la ANH.
Dentro de sus atribuciones se encuentra la posibilidad de recomendar la remoción de personal, cuando corresponda, a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas.
Además, podrá recomendar auditorías técnicas, regulatorias, legales, financieras, administrativas y operativas.
Si estas auditorías identifican posibles responsabilidades, deberán elaborarse informes circunstanciados que detallen los hechos, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones recomendadas.
Evaluación integral tendrá un plazo de 30 días
El reglamento para el funcionamiento de la comisión deberá ser aprobado mediante Resolución Multiministerial en un plazo de hasta cinco días hábiles desde la publicación del decreto.
Posteriormente, la comisión tendrá un plazo máximo de 30 días calendario, computables desde la publicación de dicha resolución, para realizar una evaluación integral de la ANH y emitir su informe inicial.
La ANH no será suprimida
El Decreto Supremo 5699 establece que la intervención no implica la supresión de la ANH ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional.
La medida tampoco contempla recursos adicionales del Tesoro General de la Nación. De acuerdo con el decreto, los gastos que demande la intervención serán cubiertos con los presupuestos institucionales de las entidades que integran la comisión.
La intervención se produce en medio de una crisis en el abastecimiento y comercialización de combustibles, en un escenario en el que el Gobierno también dispuso medidas extraordinarias sobre YPFB, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de importación, distribución, control y provisión de carburantes en el país.
