El gobernador Juan Pablo Velasco promulgó la Ley de la Defensoría Departamental de las Cruceñas y Cruceños, en cumplimiento del artículo 118 del Estatuto Autonómico, para fortalecer la protección de los derechos ciudadanos y la defensa de la autonomía departamental.
“Hoy no estamos promulgando una ley más, hoy estamos promulgando lo que dice el Estatuto Cruceño”, afirmó el gobernador durante el acto, al destacar que la norma responde a una demanda histórica de Santa Cruz que permaneció pendiente durante casi dos décadas.
La autoridad remarcó que su promulgación representa un paso concreto en el cumplimiento del mandato autonómico.
Velasco sostuvo que la nueva institución deberá estar al servicio de la población, con capacidad para defender sus derechos y actuar ante situaciones de vulneración y abuso de poder, dentro de sus competencias.
“La libertad no se mendiga, la propiedad privada se respeta, los derechos se defienden y los abusos de poder se enfrentan con la ley en la mano”, expresó, al subrayar la importancia de fortalecer las instituciones departamentales.
La autoridad también vinculó esta medida con la agenda autonómica de su gestión, que contempla avances en la administración de tierras, la seguridad departamental y una distribución más equitativa de los recursos.
Por su parte, la vicegobernadora Paola Aguirre explicó que la Defensoría deberá garantizar una atención accesible y gratuita, sin necesidad de abogados ni formalidades que dificulten la presentación de quejas. Asimismo, destacó que la institución brindará atención prioritaria a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Aguirre remarcó que la independencia será un principio fundamental para el funcionamiento de la Defensoría. Aunque estará integrada en la estructura presupuestaria de la Gobernación, contará con autonomía técnica y de gestión, sin subordinación al gobernador, la vicegobernadora ni a los secretarios departamentales.
En la misma línea, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, destacó la sanción de la norma como parte de la lucha histórica de Santa Cruz por ejercer su derecho a gobernarse y construir su futuro con libertad y corresponsabilidad. También remarcó la responsabilidad de las instituciones departamentales de traducir ese mandato ciudadano en acciones concretas, dentro del marco constitucional.
Con la promulgación de la ley, Santa Cruz avanza en la implementación de una instancia departamental prevista en su Estatuto Autonómico. El siguiente paso será garantizar las condiciones institucionales y presupuestarias necesarias para poner en funcionamiento la Defensoría y asegurar que cumpla su misión de proteger los derechos de las cruceñas y los cruceños.
