El Magisterio Urbano del Norte Cruceño acata el paro nacional de 48 horas convocado para este lunes y martes, mientras mantiene un piquete de huelga de hambre que este lunes cumple su sexto día, en demanda de respuestas del Gobierno nacional a sus reivindicaciones.
El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Alfredo Aguirre, advirtió que, si las autoridades no convocan al diálogo y ofrecen una solución al conflicto, el sector avanzará hacia un paro movilizado de 72 horas y posteriormente no descarta asumir una huelga indefinida.
“En primera instancia estamos cumpliendo el paro de 48 horas movilizado. De no tener atención y solución a esta problemática, con seguridad vamos a ir a las 72 horas de paro movilizado y el paro indefinido no lo descartamos”, manifestó.
Rechazan la descentralización de la educación
Aguirre señaló que la continuidad de las medidas de presión dependerá de la respuesta del ministro de Educación y exigió que se frene el proceso de descentralización de la educación, que, según el dirigente, contradice los compromisos asumidos anteriormente con el sector.
Recordó que en mayo se firmó un acuerdo mediante el cual, afirmó, las autoridades se comprometieron a no aplicar políticas de descentralización ni privatización en el sistema educativo.
El dirigente también rechazó las posibles sanciones económicas contra los maestros que participan de las movilizaciones y aseguró que los descuentos salariales no harán retroceder al sector.
“Seguramente nos van a querer amedrentar con los descuentos, pero nosotros no tenemos miedo”, afirmó.
Aseguran que cuentan con el respaldo de los padres de familia
El ejecutivo de los maestros urbanos indicó que las medidas de presión cuentan con el respaldo de padres de familia de distintas unidades educativas del Norte Cruceño.
Según Aguirre, durante una reunión realizada el domingo recibieron muestras de apoyo de varias comunidades educativas, cuyos representantes ratificaron su respaldo al paro de 48 horas y a los docentes movilizados.
El magisterio mantiene su exigencia de que el Gobierno atienda sus demandas y deje sin efecto las medidas de descentralización educativa que considera contrarias a los acuerdos suscritos con las autoridades nacionales.
