El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo para que los jueces revisen el plazo de la detención preventiva en los casos de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez, medida cautelar que por norma solo puede aplicarse durante seis meses, plazo ya sobrepasado en estos procesos.
En ese contexto, autoridades de Montero manifestaron su expectativa de que en las próximas horas se pueda concretar la liberación de estas autoridades y líderes políticos.
Alcalde de Montero: “Esperamos que se haga justicia”
El alcalde Regys Medina afirmó que la detención preventiva de Camacho y otros opositores es una vulneración de derechos fundamentales:
“Esperamos que se pueda hacer justicia porque Luis Fernando Camacho es un preso político, al igual que miles de personas que en Bolivia son perseguidas por pensar diferente. La detención preventiva no puede exceder los seis meses y, sin embargo, estos plazos han sido sobrepasados. Los jueces deben actuar de manera jurídica y no con motivaciones políticas para que los presos políticos puedan tener su libertad y ser juzgados como corresponde” dijo la autoridad municipal.
Medina recordó además que existe una sentencia constitucional que respalda el retorno de Camacho al cargo de gobernador del departamento de Santa Cruz.
Comité Cívico: “Estamos en estado de emergencia”
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Montero, Julio Cirbian, señaló que la población se mantiene atenta a las determinaciones de las autoridades judiciales donde radican esos casos mencionados.
“El presidente del Tribunal Supremo de Justicia dio 24 horas para que se haga una evaluación y se libere a los presos políticos: Camacho, Pumari y Jeanine. Hemos pedido sí o sí la liberación de nuestro gobernador, porque él fue un libertador en otras elecciones donde hubo fraude. Vamos a estar atentos y en estado de emergencia para conocer el resultado de las decisiones del tribunal” expresó el dirigente cívico.
Las próximas horas serán determinantes para conocer si los jueces cumplen el instructivo del TSJ y definen la situación jurídica de los líderes políticos detenidos.
