La Alcaldía de Montero rechazó la demanda contencioso-administrativa presentada por Jhonny Justiniano Ibáñez por la resolución de un contrato de adjudicación de un terreno en el Parque Industrial y aseguró que el proceso carece de sustento legal. El asesor jurídico municipal, Fabriciano Vaca Flores, informó que el Gobierno Municipal fue notificado recientemente con la acción judicial y anunció que presentará incidentes y excepciones para solicitar su nulidad.
Según Vaca, la demanda está basada en un supuesto contrato que, a criterio de la Alcaldía, nunca tuvo validez jurídica debido a que no cuenta con las firmas del alcalde ni del oficial mayor de la época, además de no haber sido protocolizado ante la Notaría de Gobierno. “No nació a la vida jurídica”, sostuvo el asesor legal al explicar las razones por las que considera que el demandante no tiene legitimación para iniciar el proceso.
La autoridad también rechazó las denuncias sobre un presunto daño económico millonario al municipio y afirmó que las actuaciones de la gestión de Regys Medina se enmarcan en el Decreto Municipal 01/2018, aprobado durante la administración de Mario Baptista. Explicó que esta norma otorgó un plazo de un año a los adjudicatarios para ejecutar al menos el 60% de sus proyectos industriales, bajo advertencia de resolución de contrato por incumplimiento. De acuerdo con los registros municipales, más de 42 empresas no cumplieron con ese requisito.
Vaca aclaró además que no se trata de una reversión de propiedades, sino de una resolución de contratos por incumplimiento, procedimiento que —según dijo— está respaldado por normas municipales y por un pronunciamiento constitucional que ratificó la vigencia del Decreto 01/2018. Asimismo, indicó que la Ordenanza Municipal 113/2012 estableció el mecanismo para nuevas adjudicaciones y fijó un precio de dos dólares por metro cuadrado destinado a promover la instalación de industrias y la generación de empleo.
Por otro lado, el alcalde Regys Medina en declaraciones a los medios informativos defendió las acciones asumidas por su administración y afirmó que el objetivo es recuperar terrenos que permanecieron improductivos durante más de 15 y 20 años. La autoridad negó que exista reventa irregular o favoritismo en las adjudicaciones y aseguró que muchos de los predios fueron utilizados únicamente con fines especulativos. “El Parque Industrial fue creado para generar empleo, industria y desarrollo, no para el engorde de terrenos”, manifestó.
Medina sostuvo que la Alcaldía cuenta con documentación que respalda cada uno de los procesos realizados y afirmó que algunos de los reclamantes nunca consolidaron legalmente su derecho propietario. También calificó la demanda como un proceso sin fundamento y aseguró que el municipio continuará recuperando terrenos para destinarlos a inversionistas que estén dispuestos a ejecutar proyectos productivos en beneficio de Montero.
La controversia surgió después de que el abogado Germán Lino denunciara presuntas irregularidades en la resolución de contratos de 52 predios del Parque Industrial y asegurara que estas acciones habrían ocasionado un millonario perjuicio económico al municipio. Mientras el proceso judicial avanza, la Alcaldía insiste en que todas las actuaciones fueron realizadas conforme a la normativa vigente y en resguardo de los intereses municipales.
