Las máximas autoridades del Órgano Judicial advirtieron este lunes que podrían iniciar un paro nacional escalonado de jueces y vocales si el Gobierno y la Asamblea Legislativa no atienden sus demandas, entre ellas la asignación del 5% del Tesoro General del Estado (TGE) para el sistema de justicia.
La decisión fue asumida durante una reunión de emergencia realizada en la ciudad de Sucre, donde los representantes del sistema judicial manifestaron su preocupación por la falta de recursos y la demora en la atención de sus solicitudes.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que el Órgano Judicial ha agotado las vías institucionales para gestionar sus demandas y cuestionó que otros sectores obtengan respuestas mediante medidas de presión.
«Lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho y somos garantes de una justicia en el país no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran y dejan de trabajar sí son atendidos. Ante esa situación, la justicia no descarta ir a medidas de protesta de manera escalonada», manifestó.
Plazo de 20 días
Saucedo informó que las autoridades judiciales otorgarán un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo atiendan sus planteamientos.
En caso de no obtener una respuesta favorable, anunció que se iniciará un plan de movilizaciones escalonadas.
«Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente por 48, 72 y, si es necesario, llegaremos a un paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado», sostuvo.
Buscan reunirse con el Presidente
Como parte de las acciones definidas, el Órgano Judicial conformó una comisión que solicitará una reunión con el presidente del Estado en la ciudad de Sucre para exponer directamente las necesidades del sistema judicial.
Asimismo, se pedirá a la Asamblea Legislativa que priorice el tratamiento de los proyectos de ley impulsados por el Órgano Judicial, orientados a fortalecer el financiamiento y la modernización de la administración de justicia.
Las autoridades consideran que la aprobación de estas iniciativas permitirá mejorar la infraestructura, los servicios judiciales y las condiciones de funcionamiento del sistema, además de garantizar una atención más eficiente para la ciudadanía.
De no existir avances en las próximas semanas, el país podría enfrentar una paralización gradual de las actividades judiciales, con el consecuente impacto en la tramitación de procesos y la prestación del servicio de justicia.
