Empresarios urbanizadores y profesionales vinculados al desarrollo urbano plantearon al Concejo Municipal de Montero la necesidad de modificar varias normas y reducir la burocracia que, según denunciaron, está frenando la aprobación de nuevos proyectos, alejando inversiones y provocando que el municipio deje de percibir importantes ingresos por concepto de tributos.
El concejal Víctor Hugo Callaú explicó que el sector fue recibido en audiencia por el pleno del Concejo, donde presentó cuatro temas considerados prioritarios. Entre ellos está la modificación de la Ley Municipal 209 de 2019 y la revisión de la Ley 290, que establece disposiciones relacionadas con el 5% de compensación económica que deben cumplir los urbanizadores mediante obras. También se analizarán los promedios y los impuestos que, según los empresarios, son excesivos. La Comisión de Planificación y Desarrollo Territorial participará en una reunión para revisar leyes y reglamentos y plantear posibles modificaciones, derogaciones o mejoras.
Callaú advirtió que algunos proyectos urbanísticos demoran siete u ocho años en ser aprobados, lo que significa que durante ese tiempo el municipio pierde nuevos ingresos tributarios. También señaló que mientras otros municipios vecinos manejan una cesión de área del 35%, en Montero se habla del 40%, aunque la Ley 290 de 2021 establece como opción el 35% o el 35% más un 5% que debe ser devuelto mediante obras. A su criterio, este último mecanismo se ha convertido en un proceso demasiado burocrático.
Por su parte, Rafael Paz, representante de Celina Urbanizaciones y el Grupo Paz, pidió a los concejales revisar las condiciones que enfrenta el sector. Señaló que en municipios como Warnes y Saavedra se aplica el 35% y que estas diferencias pueden influir en la llegada de inversiones. También cuestionó que en Montero el trámite de una urbanización pueda extenderse durante años, mientras que en otros municipios, según afirmó, el proceso puede concluir entre 60 y 90 días. Paz agregó que para una persona que pretende urbanizar 10 hectáreas se exigen inicialmente proyectos eléctrico, sanitario, de agua y arborización, con un costo aproximado de 10.000 dólares, situación que, según dijo, favorece la aparición de organizaciones clandestinas porque muchos propietarios no pueden asumir ese gasto inicial.
Paz comparó además el crecimiento urbano de Montero con el de municipios vecinos y afirmó que Warnes tiene aproximadamente seis veces más terrenos urbanizados que Montero, mientras que Colpa Bélgica alcanza unas 8.700 hectáreas y Montero no llega a las 3.000. Consideró preocupante esta diferencia y atribuyó parte de la situación a decisiones de anteriores gestiones municipales que, según su versión, no facilitaron la urbanización ni la llegada de inversiones. Aseguró que su empresa busca trabajar dentro de la legalidad y que sus proyectos incluyen pavimento, agua y energía eléctrica para los vecinos.
Jimmy Montaño, asesor jurídico del grupo Paz, sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre el municipio, las empresas urbanizadoras y los profesionales que trabajan en desarrollo urbano. Dijo que el sector privado tiene una visión de crecimiento que no siempre coincide con las políticas municipales debido a la falta de compatibilización y socialización de las normas. Por ello, planteó una modificación integral del Código de Urbanismo y Obras para lograr mayor seguridad jurídica, agilidad y menos trabas.
Montaño también puso sobre la mesa la defensa de la jurisdicción territorial de Montero. Señaló que los municipios vecinos están impulsando normas que favorecen el crecimiento urbano, mientras que las regulaciones de Montero estarían frenando ese proceso. Advirtió que, si las condiciones no mejoran, los vecinos de las zonas en conflicto podrían terminar optando por pertenecer a municipios que les ofrezcan mejores condiciones.
Finalmente, el asesor planteó establecer políticas más claras para impulsar alianzas público-privadas que permitan ejecutar obras de impacto para la población. También cuestionó que la Ley de Tasas y Patentes de Montero date de 2015, cuando la ciudad llegaba apenas hasta el segundo anillo. Según Montaño, la normativa no fue actualizada y, en cambio, se amplió la zona tributaria sin modificar las bases de cálculo, generando situaciones en las que un vecino del primer anillo puede terminar pagando lo mismo que otro del cuarto anillo.
El concejal Callaú señaló que el Concejo analizará estas observaciones y también una iniciativa legislativa relacionada con los límites territoriales, la autonomía municipal y los tributos que corresponden a Montero en las zonas donde existen conflictos de jurisdicción. La intención, dijo, es buscar un equilibrio entre las inversiones privadas, el desarrollo ordenado de la ciudad y los recursos que deben ingresar a las arcas municipales.
