A casi un mes de haber recibido las “Llaves de la Ciudad de Montero”, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue señalado por Estados Unidos por presunta corrupción y por supuestamente favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. Como consecuencia de esta medida, el Gobierno estadounidense le retiró la visa y lo incluyó en la lista de funcionarios extranjeros a quienes se les restringe el ingreso a ese país.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mariaca fue señalado públicamente por su supuesta participación en “corrupción significativa”. La medida también alcanza a sus familiares directos, quienes tienen restringido el ingreso a territorio estadounidense.
La administración de Donald Trump sostiene que Mariaca habría abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos, además de presuntamente facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a personas acusadas de delitos violentos a evadir la justicia.
Según la posición oficial de Washington, estas acciones representarían un riesgo para los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y afectarían a instituciones vinculadas con el Estado de derecho en Bolivia.
En ocasión de los actos festivos por el 176 aniversario de la fundación de Montero y su fiesta patronal en homenaje a San Ramón Nonato, el fiscal general Roger Mariaca fue incluido entre las personas distinguidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Montero. En esa oportunidad, las “Llaves de la Ciudad” fueron recibidas en su representación por el fiscal departamental.
El concejal Víctor Hugo Callaú lamentó la situación que involucra al Fiscal General y volvió a poner en el debate la selección de las personas que reciben distinciones durante la sesión de honor del Concejo Municipal, en conmemoración de la fundación de Montero.
Callaú considera que se debe modificar el reglamento de distinciones y condecoraciones, establecer criterios más rigurosos y selectivos para la elección de las personas homenajeadas. También planteó categorizar las distinciones y evitar, en lo posible, que sean otorgadas por afinidad política o cercanía con el poder.
En esa misma línea, el abogado Víctor Hugo Cabrera manifestó que, por decencia y ética, el Fiscal General del Estado debería renunciar y someterse a una investigación. “En un país donde se respeta el Estado de derecho, lo primero que debería pasar al suceder un caso como este es renunciar”, sostuvo.
Cabrera también cuestionó que, en algunas ocasiones, al momento de entregar distinciones por parte del Gobierno Autónomo Municipal, no se valoren suficientemente los méritos personales y profesionales de los homenajeados. “Pareciera ser que se entregan condecoraciones por apego al poder”, afirmó.
Hasta el cierre de esta nota, desde el Gobierno Municipal nadie se pronunció respecto al tema.
En la lista de imposición de restricciones en materia de visados, difundida por el Departamento de Estado, figuran además otras 12 figuras públicas en Bolivia:
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
