El abogado penalista Joadel Bravo Becerra en representación de su cliente, denunció a los medios de comunicación la inacción de parte de la Gobernación en Santa Cruz, para proceder a la clausura de la clínica Santa María donde recientemente uno de los apoderados de nombre Jorge U. V., fue denunciado por una Notaria de Fe Pública de falsificar la firma de su padre.
Bravo, cuestionó el hecho de que la Gobernación tiene la obligación de convertirse en parte del proceso que lleva su cliente contra la clínica particular, pero no está asumiendo su rol ni competencias que le competen mostrando una franca pasividad.
«Para mi es un delincuente, el que falsifica documentación para reabrir una clínica falsificando la firma de su padre y ante este actuar hay una omisión gritante de parte de la Gobernación que no está cumpliendo su rol y está incumpliendo deberes. O sea tiene que hacer el ciudadano de a pie, el trabajo de la Gobernación», lanzó la interrogante el abogado.
Insistió que en la Gobernación son «gallos» para gritar la autonomía, que el centralismo, pero en lo mínimo cumplen su rol de fiscalizar las clínicas. En el inicio del proceso cuando la clínica ganó un amparo para su reapertura, el Secretario de Salud Luis Fernando Pacheco denunció públicamente que la justicia estaba poniendo en riesgo el tema de las autonomías pero el proceso anunciado quedó paralizado en esta repartición.
Un reciente informe del Instituto de Investigaciones Técnico Científico (IITCUP) elevado a la fiscal Carmen Guzmán Saldías por el perito capitan Carlos Calvo Morales, evidencia que la firma presenta discordancias grafoescriturales con relación a la firma de comparación del extinto Jorge U. A.
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