Erbol/ El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS registró 73 vulneraciones a la libertad de prensa a lo largo del 2021, siendo la agresión a periodistas la más recurrente de parte de autoridades de gobierno y otras organizaciones.
A través de una metodología de monitoreo de medios de comunicación, de redes sociales y de entrevistas con las víctimas, este Observatorio contabilizó como otras vulneraciones el impedimento al acceso de la información (nueve casos), censura (siete casos), estigmatización de periodistas (siete casos), amenaza a periodistas (siete casos), criminalización de periodistas (seis casos), ataque a un medio de comunicación (un caso), asignación discriminatoria de publicidad oficial (un caso) y violación a la reserva de fuentes de información (un caso).
Entre los casos más relevantes relacionados con la agresión de periodistas están el secuestro y tortura a siete periodistas en el predio de Las Londras en Santa Cruz (28/10/21); la detención y atropello policial que sufrió el periodista de Página Siete, Carlos Quisbert, en el conflicto de Adepcoca (22/09/21), al igual de otros dos corresponsales de la agencia Reuters que resultaron heridos en el mismo hecho; la emboscada y posterior golpiza que recibió un equipo del diario Los Tiempos por avasalladores de tierra (28/7/21); la agresión que dos periodistas de Opinión por parte de simpatizantes del alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa (21/09/21); la agresión a la periodista Claudia Pardo y su camarógrafo César Reyes de Bolivia TV en los actos por la efeméride de Santa Cruz (24/09/21); las agresiones a periodistas en el paro cívico multisectorial en Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz (8, 9 y 10/11/21), la agresión a la periodista de red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, por parte de mujeres del Comité Pro Santa Cruz (15/12/21), entre otros.
Sobre los casos de censura resaltan la acusación del ministro de Salud, Jeyson Auza, a los medios de comunicación de “politizar” y causar «zozobra» por la falta de vacunas Sputnik V (22/07/21), la denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la generación de violencia contra periodista a través de la campaña por el supuesto «golpe de estado» contra el expresidente Evo Morales (22/04/21), el anuncio del diputado Renán Cabezas (MAS) de trabajar un proyecto de ley para evitar las mentiras de las encuestadoras de opinión (18/02/21).
En lo referido a impedimento al acceso de la información resalta el endurecimiento del castigo para funcionarios que filtren “noticias” declaradas en reserva, que está contenida en la Ley 1390 de «Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción» o la comunicación interna emitida por el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, a través de la cual “prohíbe” proporcionar información sin previa autorización, esto luego de destapado el caso de los “ítems fantasmas”. Esta comunicación fue retirada días después.
En los casos de estigmatización de periodistas se registraron, por ejemplo, las expresiones por redes sociales del ministro de Justicia, Ivan Lima, cuando tuiteó que seis medios de comunicación (Página Siete, Los Tiempos, Correo del Sur, El Deber, ANF y Erbol) deberían tomar con reflexión y compromiso un mensaje del Papa Francisco sobre la lógica de la post-verdad. También está el tuit del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, que lanzó un ataque soez contra Página Siete al convertirlo en papel higiénico en una imagen, como respuesta a una caricatura de este medio.
Entre los casos de criminalización de periodistas entra el caso anteriormente citado del periodista Quisbert de Página Siete o el del periodista Guider Arancibia de El Deber, quien fue citado por la Fiscalía por su investigación sobre camionetas incautadas al narcotráfico que eran usadas por grupos de encapuchados que agredieron a los ciudadanos que acataron el paro multisectorial de noviembre o la citación que la Policía intentó entregar al presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, luego de que él junto a otros periodistas descubrieran al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali, encabezando grupos de choque en contra del paro.
También se identificaron amenazas a periodistas. Tal es el caso de una presentada contra un periodista de El Deber que investigaba la crisis de 2019 (31/07/21); o las amenazas anónimas a periodistas de Potosí, luego del operativo policial que se desplegó para detener a cívicos de ese departamento, entre ellos el exdirigente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari (11/12/21) o la amenaza del expresidente Evo Morales contra medios de comunicación que hacían la cobertura de la marcha que encabezó en respaldo al gobierno de Luis Arce (26/11/21).
Se registró un caso de ataque a un medio de comunicación: radio FM Bolivia, que sufrió el asalto de sus oficinas que estaban ubicadas en Adepcoca, esto durante el conflicto por la dirigencia de esta organización (22/09/21). Respecto al caso de la asignación discriminatoria de publicidad oficial, éste se refiere a las expresiones del parlamentario supranacional por el MAS, Adolfo Mendoza, quien demandó “¡Cero publicidad para mercenarios mediáticos!” a través de su cuenta de Twitter. “Toda empresa o entidad pública que destina fondo para publicidad en esos medios (distinto de información ciudadana) se convierte en colaborador de la desestabilización democrática”, expresó Mendoza.
También se registró un caso de violación a la reserva de fuentes de información, cuando la fiscal Odalis Leonor Peñaranda solicitó a radio Yungas el Chasqui y Radio FM Bolivia que remitan una copia de los reportes periodísticos registrados en la localidad de Coripata-Auquisamaña Bajo y Alto, entre los días 3 y 6 de julio de 2021, en el marco de las investigaciones sobre la muerte del policía Miguel Ángel Quispe Nina. También emitió citaciones contra la directora de Radio Yungas el Chasqui, Eliana Ayaviri, contra los periodistas de ese medio Juan C. Mamani y Luis Callizaya, y contra al director de Radio FM Bolivia, Galo Hubner, aunque después determinó dejar en suspenso esas convocatorias.
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