La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento al caso de María Inés P. profesora de Biología de la Unidad Educativa Juana Azurduy municipio de Mineros departamento de Santa Cruz, quien solicitó muestras biológicas para el desarrollo de una clase relacionada con la temática de la salud sexual y salud reproductiva.
Si bien es importante y necesario desarrollar la temática de derechos sexuales y derechos reproductivos en todos los niveles de la educación regular, es cuestionable el método que adoptó la educadora para abordar esta temática, cuando existen a disposición una variedad de instrumentos, metodologías y herramientas educativas, con las cuales se habría podido dar a conocer e informar a las y los estudiantes sobre la educación sexual, enmarcándose en el “Programa de Estudio, primero a sexto año de escolaridad, Vida tierra y territorio” del Ministerio de Educación.
No obstante, preocupa a la Defensoría del Pueblo, el escarnio social en contra de la educadora, así como la vulneración de sus derechos al debido proceso y al trabajo, al haber sido suspendida de su actividad laboral por parte de la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz mientras duren las investigaciones.
Así también, rechaza el proceso penal iniciado por el Ministerio Público en contra de la educadora, por el supuesto delito de corrupción de niña, niño o adolescente, medida extrema que solo refuerza los tabúes y estereotipos vinculados con la educación sexual y reproductiva.
La institución defensorial recuerda que el Estado boliviano, pese a tener una malla curricular acorde a la Constitución Política del Estado, aún no cuenta con una Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que establezca los parámetros y lineamientos nacionales para la profundización y desarrollo de temáticas vinculadas con la educación integral para la sexualidad, necesaria para este tipo de casos. Ausencia normativa que fue parte de las recomendaciones realizadas a los Informes país por parte de la CEDAW y en el Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas.
En ese marco, exhorta a las instituciones competentes a cesar con la persecución administrativa y judicial en contra de María Inés P. y garantizarle sus derechos al debido proceso y al trabajo, así como a desarrollar las acciones pertinentes y reforzar los lineamientos que se tenga por parte del Ministerio de Educación para abordar este tipo de temáticas, libres de estigmatización, tabúes y estereotipos.
Finalmente, se recuerda que el Texto Constitucional en el Artículo 66 señala: “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.
Fuente: Defensoría del Pueblo
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