Durante un proceso de inspección efectuada por el fiscal Adalid Díaz para verificar el cumplimiento de una orden de desapoderamiento de departamentos en el condominio Zaragoza de propiedad de una familia Rojo ubicado en el lado oeste de Montero, poco más de 10 de estos departamentos fueron entregados voluntariamente y precintados por efectivos de la Felcc, la mañana de este miércoles.
El fiscal Díaz, informó que mediante amparo constitucional se ordenó el desapoderamiento de estos departamentos en el condominio debido a que fueron ocupados de manera ilegal por personas que presuntamente fueron engañadas y hasta estafadas, ya que muchas de ellas habrían realizado depósitos de dinero a terceras personas, que ni siquiera viven en ese lugar.
La autoridad manifestó que estas familias salieron del lugar porque se convencieron de que la mejor manera de solucionar este problema y evitar la persecución penal es entregar los departamentos voluntariamente y retirarse. El fiscal advirtió que los precintos policiales no pueden ser rotos o violentados, porque quienes lo hagan serán aprehendidos y puestos ante un juez cautelar.
Según la información, alrededor de 70 familias se encuentran en los departamentos de este condominio y se resisten a salir debido que habrían cancelado sumas de dinero, supuestamente para asegurarse su adjudicación, sin embargo, la familia propietaria, reclamó su derecho y siguió el proceso correspondiente, logrando la orden de desapoderamiento o desocupación del edificio.
Según información del abogado de la familia Rojo, Cliver Rocha, las personas que hicieron la ocupación ilegal fueron desinformadas y se le hizo conocer que el condominio tiene propietarios que han construido en una modalidad que propuso el Estado a través de la tercerización, modalidad en la que el ganador de la licitación, debía construir en un terreno de su propiedad a la espera de que el Estado a través de la Agencia de viviendas u otra instancia entregue estos departamentos probablemente en calidad de beneficiarios a personas que necesitan viviendas.
La relación jurídica, se ha roto con la agencia y con el Estado y los propietarios tienen el derecho de que su bien sea restituido. Acusó a una familia Solares, de haber realizado negociados con esos departamentos y ahora no dan la cara.
Lamentablemente, según el abogado, la familia propietaria ha tenido que seguir pagando impuestos y existe una cuantiosa deuda con la Alcaldía Municipal, es más, los vivientes, ni siquiera pagaban su consumo de energía eléctrica y las multas llegan a los propietarios, porque se han realizado instalaciones clandestinas.
El caso es complicado de acuerdo con lo manifestado por el abogado, quien aseguró que el proceso seguirá hasta la recuperación total de los derechos propietarios de la familia Rojo, lo mismo que la restitución del daño social, económico y emocional que ha sufrido esta familia.
RLO/Montero Noticias
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