El concejal del MAS, Santiago Valenzuela sostuvo una vez más que la Ley 290 de reducción de la cesión de áreas verdes y de equipamiento en las urbanizaciones nuevas y las que están en proceso del 40 al 35 por ciento, es un atentado a los intereses de Montero y que existe algo incongruente que después de aprobada la ley, recién se comienza a socializar o informar a los dirigentes del control social y de distritos, porque han surgido reclamos por la falta de información.
Es un daño económico al municipio y a las nuevas generaciones, dijo Valenzuela, porque se disminuye la posibilidad de que tantas escuelas de deportes no puedan contar con campos deportivos o contar con espacios para la expansión o la educación y salud.
Como presidente de Tierra y Territorio, el concejal Fernando Rojas, carece de conocimiento y de conciencia social, para decir que esta ley va a atraer inversiones y generar economía.
Según se conoce, la ley 290 fue aprobada por los cinco concejales de Creemos y dos del MAS; ellos son, José Luis Mendoza y Noel Pozo, de quienes dijo, son decisiones personales, pero que faltan al compromiso de trabajar por los más pobres y defender los intereses de Montero, algo que han traicionado, sostuvo.
“Si con 40 por ciento de cesión de terrenos para las áreas verdes y de equipamiento, carecemos de espacios, de aquí a diez años, no tendremos un lugar, dónde construir un hospital de tercer o cuarto nivel que ya Montero necesitará o para construir, escuelas y campos deportivos y otros bienes de necesidad social.
De acuerdo con las explicaciones del concejal Valenzuela, el cinco por ciento del terreno urbanizable, monetizado es altamente beneficioso para los urbanizadores, y duda de que éstos puedan ejecutar obras por el precio comercial de cada terreno, porque eso se calculará de acuerdo con el precio catastral, que es ínfimo.
Valenzuela tiene el criterio de que los urbanizadores, son más conscientes que los que elaboraron esa ley, porque aquellos por sí solos ofrecen calles pavimentadas para dar mejores condiciones a los compradores. Sin embargo ahora, ese tipo de obras, se realizarán a costa del Gobierno Municipal.
El concejal Valenzuela, hizo declaraciones acompañado por la concejal Elisa Ramírez y del asesor legal de la bancada del MAS Henry Zeballos, quien calificó a quienes elaboraron la ley y a los concejales que la aprobaron como funcionarios corruptos.
Afirmó que presentarán un amparo de inconstitucionalidad, primero porque no se han cumplido los procedimientos de convocatoria a la aprobación de la ley en el tiempo establecido por el reglamento del Concejo Municipal y por una falta de informe técnico sobre cuya base se realiza la reforma a la Ley y por la terminología dudosa que se utiliza en el contenido de esta norma.
Se buscará generar la opción del nuevo tratamiento de la Ley o su derogación. Pero, se espera también la reacción de la ciudadanía a esta acción que califica como ilegal y «un robo al pueblo de Montero».
