Los gremiales del Plan Tres Mil pidieron este martes “mano dura” para los responsables de vulnerar los derechos de la población durante el paro de 36 en Santa Cruz, en octubre de 2022, y la desarticulación de grupos irregulares del Comité Cívico Cruceño, informó el dirigente del sector, Peniel Torrez.
Torrez recordó que, durante los 36 días del paro en el departamento de Santa Cruz, convocado por el Comité Cívico, los derechos a la salud, el trabajo y la libre transitabilidad fueron vulnerados por los grupos irregulares.
“Fueron 36 días de dolor, llanto y tristeza, vulneraron los derechos de trabajo, salud, dañaron bienes del Estado y la familia gremial, la más vulnerable, fue la más afectada, patearon a las madres de pollera, hubo discriminación, racismo. Pedimos justicia y mano dura para sentar precedentes y que no se repitan estos hechos en los próximos escenarios”, dijo Torrez.
En 2022, el Comité pro Santa Cruz, la Gobernación y la Universidad Gabriel René Moreno convocaron al paro, que llevó 36 días, demandando al Gobierno desarrollar el Censo de Población y Vivienda en 2023.
La demanda no tenía sustento técnico, por lo que el paro fracasó, pero generó más de $us 1.200 millones en pérdidas en el sector privado y Bs 300 millones en el sector estatal.
Además, las jornadas movilizadas degeneraron en violencia, como la muerte de al menos tres personas a causa de la presión y los puntos de bloqueo. Además, grupos violentos de apoyo al Comité pro Santa Cruz quemaron las sedes de organizaciones sociales e instituciones del Estado.
En las últimas horas, el vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Oswaldo Sánchez, fue detenido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por presuntos delitos de vandalismo e instigación pública a delinquir.
“Creemos que la justicia tarda, pero llega”, dijo Torrez tras recordar que jóvenes de la UJC asediaron el Plan Tres Mil durante el paro y cuando lograron ingresar saquearon y generaron violencia.
El dirigente gremial recordó también que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó desarticular, tanto a la Resistencia Juvenil Cochala, como a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo operativo del Comité Pro Santa Cruz, por ser ambos grupos irregulares que actuaron en la crisis política de fines de 2019.
“La familia gremial clama que las personas responsables respondan ante la justicia boliviana”, insistió.
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