La mañana de este jueves 11 de enero, ha circulado en las redes sociales un documento demandando el desapoderamiento del inmueble que por muchos años fue de propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Montero Ltda. ubicado en el centro de la ciudad, sobre la calle 24 de Septiembre, entre Pastor Díaz y Ayacucho.
El Mandamiento de Desapoderamiento emana del Juzgado Público Civil y Comercial 3ro de Montero cuya titular es la juez Yesenia Esther Barreto, quien firma al pie del documento junto al secretario del mismo juzgado.
El mandamiento ordena al oficial de diligencias del juzgado, proceder al desapoderamiento del inmueble en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Montero Ltda. y otros habitantes u ocupantes del inmueble, a favor de los demandantes – adjudicatarios que pertenecen a la familia Chávez Justiniano y cuya principal demandante es la señora María Dolores Chávez Justiniano.
De acuerdo con el mandamiento, el bien está ubicado en un terreño de 797,15 metros cuadrados, según título registrado en Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada 7.10.0.00.0000994 y «encomienda su ejecución al oficial de diligencias sea con facultad de allanamiento en caso de ser necesario a practicarse en horas y días hábiles, en caso de haber resistencia sea su ejecución con ayuda de la fuerza pública, con rotura de candados en caso de necesidad».
En horas de la mañana de este jueves, se observó movimiento en las afueras del inmueble y posteriormente el ingreso de personas que se quedaron y permanecieron en el lugar, presuntamente para cumplir la orden de realizar un inventario detallado de los bienes que se encuentren en el bien inmueble adjudicado.
Pasado el mediodía, en completa calma, quienes ingresaron en el inmueble realizaban su tarea, mientras en la calzada que corresponde al inmueble, camiones de mudanza esperaban para ser cargados y trasladar los bienes a un lugar seguro y bajo custodia de algún representante de la Cooperativa.
Aun no se conoce una posición de socios de la Cooperativa, que mantenían una demanda con el objetivo de reclamar la devolución de ahorros que habían realizado cuando la cooperativa aun no había sido cerrada por iliquidez, además de la recuperación de créditos impagos con los que se habían favorecido algunos socios.
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