Este lunes 20 de enero se cumple un mes desde que el transporte urbano de Montero decidió, de manera unilateral y sin respaldo legal, incrementar la tarifa de pasajes de 2 a 3 bolivianos.
Esta medida no solo afecta gravemente a la economía de las familias montereñas, sino, se ensaña con los sectores más vulnerables de la población, que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
El aumento de la tarifa en un 50 por ciento, representa un claro abuso de poder por parte de los transportistas, quienes, además, han recurrido a suspender el servicio como medida de presión, intentando condicionar a las autoridades municipales para que legitimen este incremento arbitrario. Sin embargo, no existe ninguna ordenanza ni ley municipal que respalde el alza. Por el contrario, sigue vigente la normativa que fija el precio del pasaje en 2 bolivianos, evidenciando la irregularidad de la acción llevada a cabo por los transportistas.
La ciudadanía se siente desprotegida y abandonada. El alcalde municipal, Regys Medina, ha mantenido un silencio preocupante que solo puede interpretarse como complicidad o indiferencia frente a los abusos que sufren los montereños.
Cómo puede ser posible que se demore tanto tiempo en elaborar el estudio técnico del costo del pasaje, trabajo que se inició en el último trimestre del 2024? Ha pasado un mes, el pueblo sigue pagando una tarifa que no tiene un sustento legal, más allá del argumento que exponen los transportistas, el incremento del costo operativo y la elevación de los precios de los productos de la canasta familiar. Hasta el momento no hubo nadie que tenga los pantalones para hacer respetar la norma y el principio de autoridad para que los transportistas sigan cobrando el pasaje a 2 bolivianos, como legalmente está estipulado.
La semana pasada, el ejecutivo municipal presentó al Concejo Municipal un estudio técnico sobre el costo real del pasaje, pero el documento le fue devuelto con algunas observaciones. Esto no solo ha generado malestar entre la población, sino también incertidumbre entre los mismos transportistas, quienes mantienen su estado de emergencia y continúan cobrando los 3 bolivianos.
El eslogan de la gestión municipal, “Cerca de la gente”, parece haberse convertido en un simple lema vacío. Ante un problema tan grave como el alza del pasaje, el alcalde no ha mostrado la voluntad política ni la empatía necesaria para liderar una solución. Por el contrario, su ausencia y la falta de respuestas concretas refuerzan la percepción de que las autoridades locales han dejado al pueblo a su suerte en un momento tan crítico.
Esta inacción no solo afecta a las familias que ven debilitada su economía diaria, sino que también podría tener un costo político significativo para Regys Medina: Ignorar las necesidades del pueblo en momentos clave, puede traducirse en un rechazo contundente en futuras elecciones. La confianza que una vez depositaron los ciudadanos se tambalea cuando las promesas de cercanía y gestión efectiva no se traducen en hechos concretos.
El incremento del pasaje en Montero no es solo un problema económico, sino también una muestra de la desconexión entre las autoridades y las necesidades de la población.
Es urgente que el alcalde y el Concejo Municipal asuman su responsabilidad, tomen medidas para frenar este abuso y devuelvan a la ciudadanía la certeza de que sus derechos serán defendidos. En una ciudad donde la economía de muchas familias pende de un hilo, la inacción no es una opción. Montero merece líderes que estén a la altura de las circunstancias.
*Rómulo Limache Orellana
Es periodista de Montero Noticias
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