El sector del transporte urbano de Montero cuya actitud de sus dirigentes desde siempre ha sido prepotente y abusiva al imponer una tarifa que hasta el momento no ha demostrado tener argumentos técnicos, ni económicos, reveló sus verdaderas intensiones en su mal llamada movilización «pacífica» efectuada este jueves, en las afueras de la Alcaldía Municipal.
Pretende imponerse ante el pueblo y sus autoridades sometiéndolos a la violencia para salirse con las suyas afectando al bolsillo de quienes se ven obligados a transportarse para cumplir con sus necesidades y actividades laborales o económicas y pagar por un servicio que no es del todo eficiente y que funciona gracias a ese pueblo al que quieren someter.
No es un movimiento pacífico, destruir el bien público como lo hicieron con la cortina metálica y la reja de ingreso al edificio municipal. No es un movimiento pacífico cortar los servicios básicos del edificio municipal y afectar directamente a los servidores públicos en sus necesidades, además de mantenerlos encerrados dentro de sus oficinas sin poder alimentarse ni salir para trasladarse a sus domicilios.
No es pacífico agredir a periodistas que realizan su trabajo y solamente cumplen con informar y reflejar lo que está pasando en cierto momento y lugar, además de querer señalarles cómo deben realizar su trabajo, así como no es racional ni pacífico, agredir a empleados públicos que también levan a cabo su labor diaria dentro de una institución.
Tampoco es pacífico exigir que una autoridad salga a enfrentar a una turba que demuestra violencia desde el principio y a acceder a sus pretensiones, tomando en cuenta que los dirigentes del transporte urbano no aceptaron acudir a una reunión donde tenían que debatir sus costos de operación y demostrar, por qué, imponen el pasaje de tres bolivianos por el servicio que realizan.
No es racional, exigir y condicionar a una autoridad a presentarse a debatir en su sede un tema de esa magnitud rompiendo la institucionalidad, despreciando la investidura y la autoridad, seguramente con la finalidad de presionar para lograr su objetivo.
Es también irracional y mentiroso, decir que las autoridades imponen un pasaje de 2 bolivianos cuando el pueblo ya había aceptado pagar los 3 bolivianos, habrá querido decir el dirigente de los transportistas urbanos, que el pueblo fue obligado a pagar esa tarifa por necesidad o por no verse maltratado y bajado de sus movilidades si no accedían a su exigencia.
Es mentiroso y verdaderamente irracional, afirmar, como lo hacen los dirigentes del transporte urbano, que la Constitución Política del Estado autoriza a realizar demandas reivindicatorias provocando destrozos y violencia contra las personas y autoridades. Sí, permite el derecho a la protesta, pero no a la destrucción del bien público ni a la agresión física con el uso de violencia.
Muy de acuerdo con la posición asumida, tanto por el alcalde municipal, como por el presidente del Concejo Municipal, que después de estos hechos, alzaron la voz para defender al pueblo y por expresar lo que todos esperábamos: Que mientras no exista un consenso, el costo del pasaje es de 2 bolivianos y el propósito de hacer todos los esfuerzos para controlar que no se imponga el abuso y la prepotencia ejercida por un directorio o por un dirigente, que hasta donde se puede apreciar, además del interés económico irracional y sin un poco de empatía por su pueblo, tiene otros intereses de carácter político.
Pero entra dentro de lo preocupante, y es necesario investigar y aclarar, que en la movilización «pacífica» del jueves, no solamente existían transportistas, sino personas de choque, traídas del Chapare para generar temor y violencia, esto sería un hecho ilegal y premeditado contra un pueblo, que solo reclama por el abuso que imponen o pretenden imponer en contra de su economía familiar.
Solamente queda entrar en una actitud racional y encarar el debate sobre los costos de operaciones en una mesa de diálogo, sin condiciones ni exigencias, sin actitudes caprichosas, que solo dan una señal de querer imponer su voluntad y no llegar a una solución que dé satisfacción a todos. Hay normas que regulan estos servicios y es cuestión de cumplirlas.
La violencia genera más violencia, y ese no es el camino para encontrar soluciones en una sociedad que debe actuar con racionalidad y respeto por los demás.
Rómulo Limache Orellana – Periodista
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