Ante la creciente preocupación por la deforestación en la zona oeste del dique de contención del río Piraí, el subgobernador de la provincia Obispo Santistevan, Juan Carlos Maciel, el pasado fin de semana ha instruido suspender de inmediato la tala de árboles en esta área considerada estratégica para la seguridad de Montero, debido al peligro de inundaciones por un posible desborde del río Piraí.
El terreno en cuestión, que colinda con el defensivo, está siendo intervenido para una pretendida urbanización, según informó Dennis Salvatierra, presunto apoderado del propietario José Saúl Cuellar, quien, según sus expresiones, solamente estaría recuperando su derecho propietario sobre esta área.
Salvatierra mostró documentos que incluyen planos de una urbanización con más de 60 lotes definidos, listos para la venta. Aunque sostuvo que la documentación fue entregada y aprobada por el municipio, el alcalde Regys Medina negó esta versión, calificando el hecho como un avasallamiento de tierras. El gobierno municipal activó un análisis jurídico para determinar la legalidad del caso.
Maciel, al visitar la zona y dirigirse directamente al representante del loteamiento, dejó en claro que la prioridad es la protección de la población y del ecosistema, recordando que el dique no solo protege a los habitantes del sector, sino a toda la ciudad. En su criterio, hasta que se esclarezca la situación legal del terreno, no debe permitirse la tala de ningún árbol, pues esto pone en riesgo la estabilidad de la barrera natural frente a eventuales crecidas del río.
En tono conciliador, el subgobernador reiteró la voluntad de dialogar con los actores involucrados, incluyendo el Gobierno Municipal y a la Gobernación Departamental de Santa Cruz. Sin embargo, también advirtió que este asunto compete a todos los montereños y al Gobierno Municipal y no se puede permitir ninguna acción que debilite un área de protección vital para la seguridad y la vida de quienes habitan cerca del cauce del Piraí.
La comunidad de Montero se mantiene alerta, y espera una resolución clara sobre la legalidad de las intervenciones en tierras prácticamente pegadas al defensivo por el riesgo de su destrucción mediante la tala de árboles y expresa su esperanza de que las autoridades prioricen el bienestar colectivo por encima de otros intereses particulares.
