El abogado Juan de Dios Castro volvió a denunciar públicamente la existencia de torturas, cobros extorsivos y presuntos hechos de corrupción dentro del sector conocido como el bote en la carceleta pública de Montero. Según su declaración, las agresiones son utilizadas como mecanismo de presión económica contra los internos.
Castro informó que esta vez pudo ingresar hasta el lugar y constató que allí se encuentran alrededor de 30 privados de libertad. Según testimonios de familiares y denunciantes, los reclusos serían obligados a pagar 500 bolivianos para evitar castigos físicos y tratos inhumanos.
“Los torturan, no los dejan dormir, deben hacerlo parados si no pagan sus 500. Los golpean y eso es seguido”, afirmó. Aseguró que uno de los responsables de estas agresiones sería un interno que habría “comprado” la celda por 12 mil bolivianos, situación que —según el abogado— le permitiría ejercer control y violencia sobre los demás reos.
El abogado también indicó que existe conocimiento previo de las autoridades judiciales y penitenciarias sobre estos hechos, pero que no se habrían tomado acciones contundentes.
Asimismo, acusó a funcionarios de la oficina del gobernador penitenciario de cobrar montos de “mil para arriba” a los privados de libertad para no trasladarlos a otros sectores. “Están cobrando desde hace tiempo… esto no debe pasar más”, manifestó.
Castro aseguró que los responsables de estos abusos están plenamente identificados y anunció que solicitará procesos formales contra ellos:
“Ya no debe haber corrupción en la Policía ni en las cárceles. Vamos a pedir que sean procesados. A las personas les digo que ya no tengan miedo, estoy aquí para denunciarlos”.
Finalmente, exhortó a la autoridad penitenciaria a actuar de manera inmediata y advirtió que, si se consiente la corrupción, también podría recaer responsabilidad sobre quienes permitan estos hechos.
