El diputado nacional Andrés Lombardo Medina Sotomayor presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al Fiscal General del Estado, solicitando explicaciones sobre la desestimación de cuatro denuncias interpuestas por el municipio de Montero relacionadas con presuntas irregularidades en obras ejecutadas en gestiones pasadas.
Las denuncias, presentadas por representantes municipales en 2025, estaban vinculadas a los casos Piscina Olímpica, Terrapuerto, Mercado El Alba y Puerto Seco, todas observadas por supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Cuatro casos desestimados por “atipicidad”
Según el legislador, los procesos fueron rechazados durante este año bajo el argumento de atipicidad, pese a que —afirma— implican un daño directo a los intereses del Estado y vulneran disposiciones de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción.
Entre los señalados figuran: Mario Baptista Conde, exalcalde de Montero, por los casos Piscina Olímpica, Terrapuerto y Mercado El Alba: Noel Pozo Terrazas, exalcalde y actual concejal, por el caso Puerto Seco.
Medina exige fundamentos y copias de las resoluciones
El diputado solicitó al Fiscal General que explique:
- Los fundamentos jurídicos que sustentaron la desestimación de los cuatro procesos.
- Copias simples de las resoluciones emitidas en cada caso.
- Identificación de los fiscales de materia, responsables de las investigaciones, además de informar si tienen procesos disciplinarios o penales internos.
- Qué acciones posteriores asumirá el Ministerio Público, considerando que se trata de hechos de carácter público, cometidos por servidores públicos y con impacto directo en la población de Montero.
La autoridad requirió que las respuestas sean enviadas en un plazo de 10 días hábiles.
“Cómo puede ser que nadie sea responsable”
Medina destacó que uno de los casos más graves es el de la Piscina Olímpica, construida en un terreno privado, lo que derivó —según afirma— en un débito de 10 millones de bolivianos al municipio de Montero.
“¿Cómo puede ser que construyan un proyecto en un terreno privado y no haya un responsable? Tiene que haber alguien que pague las consecuencias”, cuestionó.
El diputado considera que la población tiene derecho a conocer por qué las denuncias fueron rechazadas por la Fiscalía Departamental y anticipó que impulsará todas las acciones necesarias para identificar responsables.
Con la Petición de Informe, el legislador busca transparentar la situación y, asegura, dar una respuesta clara a la población de Montero sobre el futuro de estas obras y las responsabilidades que correspondan.
