Un estudio regional advierte sobre el incremento y uso indiscriminado de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en Sudamérica y ubica a Bolivia como el segundo país con mayor cantidad de estos químicos registrados y en circulación dentro de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur.
La investigación titulada “Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur” fue presentada por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) en el marco del Conversatorio “Agroquímicos, Cambio Climático y Marcos Regulatorios en Sudamérica”. El estudio se desarrolló entre octubre de 2024 y junio de 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, con el apoyo de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), CCFD–Terre Solidaire y Humundi.
Lorenzo Soliz, miembro del IPDRS y coordinador de la investigación, explicó que el objetivo del estudio fue realizar un análisis comparado sobre el grado de implementación y cumplimiento de la normativa relacionada con los plaguicidas químicos de uso agrícola.
“Esta investigación busca evidenciar los efectos de estos productos en la población, los sistemas alimentarios y la salud socioambiental, y generar propuestas para modificar la situación actual”, señaló.
Hallazgos alarmantes
El documento revela que, pese a la existencia de normas y acuerdos regionales sobre el registro, uso y control de plaguicidas, en la última década se ha registrado un incremento significativo en la importación y utilización de productos prohibidos, llegando incluso a triplicarse en algunos países.
Según el estudio, todos los países analizados presentan debilidades en la fiscalización, comercialización de productos prohibidos e incumplimiento de normativas ambientales y sanitarias. En cuanto a la cantidad de plaguicidas altamente peligrosos registrados o disponibles, Argentina encabeza la lista con 126, seguida de Bolivia con 87, Paraguay con 86, Perú con 81 y Colombia con 79.
En el caso boliviano, la investigación señala que durante 2023 se utilizaron aproximadamente 63.000 toneladas métricas de plaguicidas, incluyendo PAP y otros productos químicos, lo que evidencia una alta dependencia de agroquímicos en la producción agrícola. De ese total, entre el 14% y el 35% correspondería a productos ilegales, ingresados por contrabando, falsificación o sin registro sanitario y fitosanitario ante el SENASAG.
Impactos en la salud y el ambiente
El informe identifica múltiples efectos socioambientales derivados del uso indiscriminado de estos productos, entre ellos la presencia de residuos tóxicos en los alimentos, daños a la salud de trabajadores agrícolas y poblaciones expuestas a fumigaciones, afectación a cultivos vecinos y comunidades rurales, así como un impacto severo en los ecosistemas.
Uno de los efectos más preocupantes es la muerte masiva de insectos y microfauna, especialmente de abejas, cuya función es fundamental para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Además, el estudio advierte sobre el debilitamiento de la autonomía productiva de pequeños productores y sistemas agroecológicos.
Llamado a la acción
El IPDRS remarcó que los resultados de esta investigación buscan fortalecer la cooperación regional, incidir en políticas públicas basadas en la justicia ambiental y la salud colectiva, y aportar a la agenda de los movimientos sociales que promueven sistemas alimentarios sostenibles.
El equipo coordinador, conformado por Paula Aldana Lucero, Lorenzo Soliz Tito y Oscar Bazoberry Chali, junto a los autores del estudio, plantea la necesidad de reducir la dependencia de paquetes tecnológicos basados en plaguicidas altamente peligrosos y avanzar hacia una transición agroecológica que garantice una agricultura más segura, saludable y sustentable para la región.
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