El presidente de la Asociación de Propietarios de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), Jimmy Prado, se hizo presente en la sala de prensa, para denunciar una vez más que el Concejo Municipal de Montero aprobó irregularmente la venta de un terreno de equipamiento dentro del Parque Industrial a una empresa privada, afectando directamente a los productores agrícolas de la región. Según expresó Prado, el área en cuestión incluye la franja por donde pasa la vía férrea, infraestructura clave para la exportación de arroz, soya y maíz hacia mercados nacionales e internacionales.
Prado señaló que esta decisión representa un golpe al patrimonio de Montero y al futuro del desarrollo industrial de la ciudad, ya que se estaría entregando a intereses particulares un espacio estratégico para la producción del norte integrado. Según explicó, la vía férrea es utilizada por los productores para sacar su producción y, al quedar bajo control de una empresa privada, se corre el riesgo de que se restrinja el acceso y se limite la capacidad de exportación.
El dirigente cuestionó la falta de transparencia del Concejo Municipal y del Ejecutivo en el proceso de venta, indicando que nunca se convocó al Parque Industrial ni a Ingenor para discutir proyectos alternativos o establecer precios justos. Además, criticó que los terrenos se estén comercializando a 2 dólares el metro cuadrado, valor muy por debajo del mercado, lo que genera sospechas de beneficios particulares en lugar de velar por la economía de la Alcaldía Municipal y de los intereses de la población montereña.
Prado recordó que desde hace años el Parque Industrial enfrenta abandono por parte de las autoridades, con problemas de infraestructura como la erosión de la avenida René Moreno y la falta de mantenimiento en los accesos. Afirmó que la aprobación de la venta se realizó de manera irregular, incluso anulando o dando fin a la sesión tras la votación, lo que a su criterio demuestra arbitrariedad y falta de análisis sobre el impacto de esta medida.
Ante esta situación, Ingenor evalúa presentar un amparo constitucional en defensa de los productores y de la población de Montero, argumentando que la decisión del Concejo no solo afecta a la institución, sino a todo el sector agrícola de la región. Prado advirtió que de mantenerse la venta, se estaría cerrando la puerta al crecimiento industrial y a las futuras generaciones que dependen de la producción agrícola como motor económico de la ciudad.
