El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Montero, Paulo César Arancibia, manifestó su preocupación por el incremento de hechos violentos y enfrentamientos entre grupos juveniles en distintos distritos de la ciudad. Señaló que el problema no solo afecta al Distrito 4 o al Distrito 1, sino que se ha convertido en una demanda generalizada de toda la población que pide mayor seguridad y presencia policial.
Arancibia informó que en reunión de coordinación con la participación de la Defensoría de la Niñez, el grupo DACI de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el Comando Interprovincial de la Policía, Control Social y dirigentes vecinales del Distrito 4 se acordó reforzar los patrullajes en las zonas más conflictivas, incluso con apoyo del Ejército, para prevenir nuevas peleas y agresiones entre pandillas identificadas en diferentes barrios.
Asimismo, indicó que en la próxima asamblea de juntas vecinales se hará un pronunciamiento oficial para solicitar al Gobierno y a las autoridades correspondientes el envío de más efectivos policiales a Montero. También se planteó la necesidad de impulsar acciones legales que permitan a la Policía actuar con mayor rapidez en allanamientos e intervenciones contra personas sospechosas de participar en hechos delictivos.

El dirigente vecinal lamentó que, en muchos casos, familiares de los jóvenes involucrados dificulten el trabajo policial al impedir requisas o defender a quienes generan zozobra en los barrios. Por ello, se acordó que en los operativos participen fiscales para respaldar legalmente las intervenciones y facilitar las aprehensiones cuando corresponda.
Finalmente, Arancibia pidió mayor responsabilidad a los padres de familia y afirmó que existe demasiada permisividad con los menores que permanecen hasta altas horas de la noche en plazas y espacios públicos. Explicó que durante los controles se solicitará carnet de identidad a los jóvenes que sean encontrados en actitud sospechosa y, en caso de no portar documentación, serán trasladados a dependencias policiales para que sus padres asuman compromisos de mayor control junto a la Defensoría de la Niñez.

