Foto: Una actuaria entrega la notificación de la demanda contencioso-administrativa en la ventanilla de recepción de la Alcaldía Municipal
El abogado Germán Lino informó que la justicia admitió una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno Autónomo Municipal de Montero por la reversión de un lote en el Parque Agroindustrial, un proceso que, según afirmó, forma parte de una serie de actos irregulares cometidos durante la gestión del alcalde Regys Medina Paz. El jurista sostuvo que la acción judicial representa el primer caso de 52 reversiones que considera ilegales y que podría sentar jurisprudencia para el resto de los afectados.
Lino explicó que su cliente adquirió legalmente un terreno municipal en 2001 y cumplió con el pago correspondiente. Sin embargo, años después el municipio revirtió el predio, vulnerando —según su versión— el derecho propietario del beneficiario. Señaló que antes de presentar la demanda contencioso-administrativa obtuvieron dos fallos favorables en acciones de amparo constitucional, mediante los cuales se reconocieron presuntas irregularidades cometidas por la administración municipal.
El abogado destacó que la Sala Social, Contenciosa y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia admitió la demanda y dispuso la anotación preventiva sobre el manzano donde se encuentra el lote en disputa. A su criterio, esta medida constituye un avance importante para impedir nuevas transferencias mientras se resuelve el fondo del conflicto.
Durante su declaración, Lino cuestionó que los 52 terrenos revertidos hayan sido posteriormente adjudicados a otras personas. Afirmó que estas nuevas asignaciones se realizaron sin un reglamento específico aprobado por el Concejo Municipal y promulgado por el Ejecutivo municipal. Según sostuvo, varios lotes de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados habrían sido transferidos por montos de entre 2.000 y 3.000 dólares, cifras que calificó como muy inferiores a su valor real en el mercado.
Asimismo, aseguró que algunos de los nuevos beneficiarios tendrían vínculos cercanos con autoridades municipales y afirmó contar con documentación que respalda sus denuncias. También señaló que otros perjudicados evalúan adherirse al proceso judicial para reclamar la restitución de sus derechos propietarios.
El jurista sostuvo que las presuntas irregularidades habrían generado un daño económico superior a los 25 millones de dólares para el municipio y los ciudadanos de Montero. Además, observó que los terrenos fueron vendidos originalmente antes de 2002 y cuestionó que recién en 2018 se hubiera reglamentado el procedimiento de enajenación y reversión de esos bienes, aspecto que considera contrario a principios jurídicos y constitucionales.
Este medio intentó obtener la versión del Gobierno Autónomo Municipal de Montero mediante llamadas telefónicas al asesor legal de la Alcaldía, Fabriciano Vaca; sin embargo, no fue posible contactarlo. Se aguarda un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales respecto a las denuncias y al proceso judicial en curso.
