La Central Obrera Boliviana (COB) presentó este martes una carta pública con el rotulo de “Conminatoria y planteamiento de pacificación y recuperación del país”, compuesta por ocho ejes temáticos orientados a enfrentar la crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. El documento fue entregado al presidente Rodrigo Paz y exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno nacional.
La nota fue recibida en la Casa Grande del Pueblo y plantea la necesidad de instalar una agenda de diálogo con mecanismos de seguimiento público, plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles.
Entre los principales puntos del planteamiento figura el compromiso de no privatizar empresas públicas estratégicas, la suspensión de normas consideradas restrictivas para las protestas sociales, medidas para proteger el empleo y el salario de los trabajadores, además de acciones orientadas a la pacificación del país.
El primer eje aborda los derechos humanos, las garantías constitucionales y la pacificación. La COB rechaza la criminalización de la protesta social, exige el archivo definitivo de proyectos normativos que limiten la movilización ciudadana y demanda el cese de la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes sindicales y sociales. Asimismo, solicita la liberación y revisión de procesos contra personas detenidas durante los conflictos recientes.
El segundo eje plantea el cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades y propone una ley que obligue a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a rendir cuentas sobre las promesas realizadas durante las campañas electorales.
En el ámbito económico, la organización sindical rechaza cualquier intento de privatización, capitalización o concesión de empresas públicas estratégicas. También expresa su oposición a la contratación de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), exige transparencia sobre eventuales acuerdos con organismos financieros internacionales y propone una redistribución de recursos bajo un esquema del 50% para el nivel central del Estado y 50% para gobernaciones y municipios.
La propuesta también incorpora medidas de transparencia e investigación. Entre ellas, solicita el alejamiento del ciudadano argentino Fernando Cerimedo de cualquier función de asesoramiento o toma de decisiones dentro del Gobierno y plantea la conformación de una comisión legislativa especial para investigar los casos denominados “narcomaderas” y “narcomaletas”.
En materia de hidrocarburos, la COB exige que no se incrementen los precios de los combustibles de consumo nacional y solicita resarcimientos para las personas afectadas por la distribución de gasolina desestabilizada o combustibles presuntamente adulterados, además de una auditoría técnica independiente.
Otro de los puntos establece la consulta previa obligatoria a organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originarios campesinos antes de aprobar leyes, decretos o medidas macroeconómicas que puedan afectar a estos sectores.
Respecto a la canasta familiar, los derechos laborales y la seguridad social, la organización plantea medidas para contener la especulación y el alza de precios, preservar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar la estabilidad laboral. Asimismo, propone la creación de un fondo soberano que permita alcanzar jubilaciones equivalentes al 100% de los ingresos de los trabajadores.
Finalmente, el octavo eje se refiere a temas ambientales e internacionales. La COB demanda la protección de parques nacionales y áreas protegidas frente a actividades extractivas y solicita que la política exterior boliviana mantenga una orientación pacifista y enmarcada en la Constitución Política del Estado.
La organización sindical sostiene que la paz social solo podrá alcanzarse mediante la atención efectiva de las demandas planteadas y el cumplimiento de compromisos concretos por parte del Gobierno. En ese sentido, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió que, de no existir una respuesta inmediata del Ejecutivo, las movilizaciones podrían intensificarse y extenderse a nivel nacional.
Aunque el documento aborda diversos temas políticos, económicos y sociales, no incluye el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, una de las principales demandas que mantienen algunos sectores movilizados en el actual conflicto.
