El presidente Rodrigo Paz Pereira decretó estado de excepción por 90 días en todo el territorio nacional con el objetivo de impedir bloqueos de carreteras, concentraciones masivas y acciones que, según el Gobierno, buscan generar desestabilización.
La medida establece restricciones extraordinarias y autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para intervenir en zonas consideradas de conflicto y garantizar el abastecimiento de servicios esenciales.
El decreto supremo prohíbe expresamente cualquier bloqueo de vías urbanas, rurales, departamentales, interdepartamentales e internacionales, además de restringir manifestaciones públicas y eventos que no cuenten con autorización del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Defensa.
También limita acciones que afecten la circulación de ambulancias, transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y otros servicios estratégicos para la población.
En el marco de esta declaratoria, las Fuerzas Armadas asumirán tareas vinculadas a la protección de rutas estratégicas, seguridad del abastecimiento de productos esenciales, operaciones de estabilización para recuperar condiciones mínimas de seguridad pública y acciones humanitarias destinadas a personas afectadas por la conmoción interna que motivó la decisión gubernamental.
Durante su mensaje a la nación, Paz afirmó que grupos vinculados al narcoterrorismo intentaron afectar la estabilidad democrática y atentar contra el Gobierno constitucionalmente establecido. En respuesta, el decreto contempla medidas excepcionales que incluso permiten restringir temporalmente operaciones financieras presenciales, el funcionamiento de agencias bancarias, transporte de valores y cajeros automáticos en las zonas de intervención, previa resolución de las autoridades competentes.
Entre otras disposiciones, el estado de excepción prohíbe portar armas de fuego, armas blancas, explosivos, sustancias inflamables y objetos destinados a generar disturbios; restringe el uso de drones sobre áreas estratégicas y limita temporalmente la venta y consumo de bebidas alcohólicas cuando existan riesgos para la seguridad.
Asimismo, establece que quienes promuevan inmovilizaciones obligatorias podrán perder temporalmente el derecho a la libre circulación, salvo autorización expresa de las autoridades nacionales.
*Fuente: Urgente.bo
