La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la madrugada de este domingo, con más de dos tercios de los votos, el Decreto Supremo 5636 que declara Estado de Excepción en todo el país por un periodo inicial de 90 días. La decisión ratifica las medidas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz para enfrentar la crisis provocada por los bloqueos y los conflictos que afectaron a distintas regiones de Bolivia, informó ABI.
La resolución fue aprobada a las 02:35, después de una extensa sesión legislativa en la que se debatieron los alcances de la medida y se expusieron posiciones a favor y en contra. Con la votación alcanzada, el Legislativo dio luz verde a las acciones impulsadas por el Órgano Ejecutivo con el objetivo de restablecer el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, confirmó la aprobación de la resolución y señaló que el Estado de Excepción queda plenamente vigente tras el respaldo legislativo. La sesión había sido convocada para las 23:00 del sábado, aunque su instalación se produjo cerca de la medianoche debido a las deliberaciones previas.
Durante el tratamiento de la norma, los legisladores que apoyaron el decreto argumentaron que la medida es necesaria para enfrentar las consecuencias de más de 50 días de bloqueos de carreteras, situación que generó importantes pérdidas económicas, dificultades en el abastecimiento y perjuicios para distintos sectores de la población.
El Decreto Supremo 5636, publicado previamente en la Gaceta Oficial del Estado, autoriza al Gobierno a aplicar medidas extraordinarias dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado y la legislación vigente. Según explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, la disposición tendrá una vigencia inicial de 90 días, aunque podría ampliarse si las condiciones que motivaron su aplicación persisten.
La aprobación del decreto marca un momento decisivo en la actual coyuntura política del país, ya que otorga respaldo legislativo a las acciones del Ejecutivo para enfrentar la crisis y recuperar la normalidad en las actividades económicas y sociales.
