El Comité Pro Santa Cruz planteó que los diputados y senadores impulsen una propuesta legislativa para establecer una distribución equitativa de los recursos públicos entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales autónomas, mediante el denominado esquema 50/50, que plantea destinar la mitad de los recursos a las regiones.
El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, acompañado por el segundo vicepresidente, Dino Franco, sostuvo que es momento de avanzar hacia un modelo que fortalezca la capacidad de gestión de gobernaciones, municipios y universidades públicas.
Cochamanidis recordó que la propuesta de distribución del 50/50 fue planteada durante la campaña electoral por el actual presidente del Estado y señaló que ahora corresponde convertir ese compromiso en una norma legal.
«Es necesario avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos y de las competencias entre el Gobierno central y las entidades territoriales. La propuesta del 50-50 debe hacerse realidad», manifestó.
Proyecto de ley
El dirigente informó que en los próximos días iniciarán reuniones con senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional para promover un proyecto de ley que establezca esta nueva distribución de recursos.
«La única condición para que esta propuesta avance es la voluntad política. Si la Asamblea aprueba una ley, el Órgano Ejecutivo deberá cumplir lo que establezca esa norma», afirmó.
Cochamanidis sostuvo que el fortalecimiento financiero de las regiones permitirá atender con mayor eficiencia las necesidades de la población y reducir los problemas que enfrentan los gobiernos subnacionales.
Más recursos para las regiones
El presidente cívico hizo un llamado a los legisladores de todos los departamentos para respaldar la iniciativa, argumentando que muchas de las dificultades que atraviesan las regiones tienen un componente económico derivado de la insuficiente asignación de recursos.
Según explicó, una redistribución más equilibrada beneficiaría directamente a las gobernaciones, municipios y universidades públicas, permitiéndoles ejecutar proyectos de desarrollo, mejorar los servicios públicos y responder de manera más eficiente a las demandas ciudadanas.
