Los pobladores de Yapacaní dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para anular el Decreto Supremo 5676, que fija en 18 bolivianos el precio del litro de diésel para grandes consumidores. La decisión se tomó tras una reunión entre autoridades y representantes locales.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, participó del encuentro y aseguró que llevará la propuesta de abrogación al gabinete ministerial. “Voy a recomendar que se retire porque vamos a respetar lo que aquí hemos conversado”, expresó durante la reunión.
Los dirigentes señalaron que Paredes se comprometió a presentar un informe ante la comisión de gabinete para la anulación del decreto, al reconocer que la norma no cumplió con los objetivos previstos y generó problemas en su aplicación.
Además del pedido de abrogación, se acordaron medidas para evitar el desvío de diésel y se respaldó la iniciativa de construir una refinería en Yapacaní, impulsada por el alcalde y empresarios de la región.
